Una sucesión de casos de vulneración y manipulación del sistema informático que registra y controla todas las importaciones y exportaciones del país no sólo dio origen a varias investigaciones judiciales por contrabando, sino que obligó al director general de Aduanas, Ricardo Echegaray, a solicitarle a la Justicia una medida sin precedente: que «disponga la inmediata intervención» de ese sistema.
La razón del pedido es que considera que el software, denominado «María» y empleado por los funcionarios de la Aduana y los operadores de comercio exterior, sería vulnerable.
¿Las causas de la sospecha? Por ejemplo, se descubrió que había personas que lograban continuar operando en comercio exterior después de haber muerto.
También se constataron cinco casos de apropiación de CUIT, que ahora investiga la Justicia.
«Esta es la verdadera «aduana paralela»», dice un aduanero de carrera, refiriéndose a la vulnerabilidad del sistema inaugurado en diciembre de 1993.
Y a estas irregularidades estaría vinculado el asesinato, el 29 del mes pasado, de Gabino Sánchez, jefe de la Aduana de Bernardo de Irigoyen, en la frontera seca de Misiones con Brasil.
Una de las denuncias judiciales efectuadas por Sánchez, ejecutado de un tiro en la cabeza por un sicario, se refería al sistema María.
Dos días antes del crimen, Echegaray había pedido la intervención judicial del sistema.
Lo hizo mediante un escrito presentado, precisamente, en una de las causas vinculadas con la presunta manipulación del sistema María: «Agroservicios Pampeanos S.A. s/contrabando», del Juzgado en lo Penal Económico N° 4. Este tribunal está vacante y uno de los jueces subrogantes delegó la investigación en la fiscal María del Carmen Rogliano. La Aduana opera con el sistema María, pero en última instancia, sostienen allí, la máxima responsabilidad es de la AFIP, organismo del que depende la Aduana y que está a cargo de Alberto Abad. En la AFIP se analiza si conviene reemplazar o actualizar el sistema.
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