El ex fiscal de Estado cuestionó al diputado que cobró 5,5 millones de pesos del Estado por una demanda que todavía no se resolvió. Dijo que es inmoral y antiético que el legislador haya votado por Rovira en la Cámara.
De ex socio político a crítico feroz. El ex fiscal de Estado, Lloyd Jorge Wickström salió a cuestionar con dureza al diputado Jorge Galeano, quien recibió en noviembre un pago de 5,5 millones de pesos como abogado patrocinante de una demanda contra el Estado. Pero Wickström no relacionó el pago con la demanda de los ex operadores del frigorífico El Zaimán, sino con el voto de Galeano al ex gobernador Carlos Rovira para que se convierta en el presidente de la Cámara de Diputados: «En la política misionera hay muchos casos de diputados escandalosos, borocotizados. Pero el caso de Galeano es emblemático de lo que no debe ser», disparó ayer el ex funcionario.
«Yo escribí un libro, y él fue mi prologuista y quien me presentó. Tengo el video de mi presentación, y está en el video lo que dice de Rovira, y lo que dijo durante el tiempo, que es un delincuente, lo dijo con todos las letras, lo denunció por delincuente. Entonces si uno tiene un poco de moral y de ética, no puede elevar con su contribución de voto de diputado a las alturas de un poder del Estado, a quien el consideraba un delincuente», acusó.
El 19 de noviembre, el Poder Ejecutivo dispuso pagar 5,5 millones de pesos al estudio jurídico de Galeano, patrocinante de una empresa de Buenos Aires a la que se le había anulado, en 1973, la explotación del frigorífico El Zaimán, propiedad del Estado misionero. La firma presentó una demanda judicial en 1978. Transcurridos 30 años, no hay sentencia, pero el ex gobernador -avalado por el fiscal de Estado Fidel Duarte- fijó por anticipado, el pago de honorarios al estudio de Galeano. Las partes involucradas en el proceso judicial aceptaron la intervención de «amigables componedores», que aún no decidieron el monto de la transacción. El decreto indica, además, que el estudio de Galeano quedó exento del Impuesto al Valor Agregado (Iva), el impuesto a las ganancias, el de sellos y los ingresos brutos vinculados al pago de los 5,5 millones.
El hecho provocó la queja del Colegio de Abogados, cuyo titular, Isaac Lenguaza, exigió al Gobierno «trato igualitario para con el resto de letrados que actúan en pleitos contra el Estado y no pueden cobrar sus acreencias por seguir vigente la ley de emergencia económica».
«Me defraudó, me ha dolido y me duele, porque cuando una persona en la que confía, le clava un puñal por la espalda, no de frente, es doloroso», cuestionó Wickström a su ex socio político.
