Ecología investiga el apeo de árboles en una reserva guaraní y convocó a los ambientalistas a controlar y denunciar

El Ministerio de Ecología y Turismo ratificó su política de control y de denuncia frente al apeo ilegal de madera en reservas provinciales y comunidades aborígenes de Misiones, y en particular en el caso de la comunidad Tekoá Arandú, de Pozo Azul

El ministro de Ecología fue a la reserva provincial a comprobar la denuncia de apeo de árboles realizada por los guaraníes de Pozo Azul.

El ministro de Ecología fue a la reserva provincial a comprobar la denuncia de apeo de árboles realizada por los guaraníes de Pozo Azul.

En esa línea de trabajo, el ministro del área, Horacio Blodek mantuvo una reunión con jefes de la Policía y los Ministros de Gobierno, Jorge Franco y de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta; y con el presidente y los ministros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Rubén Uset y Cristina Leiva, a quienes interiorizó sobre el apeo ilegal y el robo de madera en esa comunidad aborigen, situación que fue denunciada por el propio Consejo de Caciques de la Nación Guaraní, que reclamó al Gobierno de la provincia el esclarecimiento de este ilícito.

Los funcionarios del Gobierno explicaron a los ministros doctores Uset y Leiva que la investigación comenzó a partir de la denuncia del Consejo de Caciques y del Consejo de Opyguá de la Nación guaraní, quien dio cuenta del desmonte ilegal en unas seis mil hectáreas de la reserva Tekoá, ubicada en proximidades de Pozo Azul, y donde los funcionarios de la provincia –acompañados por Guardaparques y la policía- pudieron comprobar in situ el apeo de una cantidad aún no cuantificada de madera (todavía en investigación), a partir de tres instancias: las maderas encontradas en planchada, los árboles apeados y dispuestos para ser trasladados a la planchada y los troncos y las ramas de otros árboles que ya fueron trasladados del lugar, pero que podrán dar una idea del total de madera sustraída en forma ilegal.

De la reunión, que tuvo lugar este martes surgió el compromiso de investigar este apeo ilegal «hasta las últimas consecuencias» y castigar a los responsables, «sean del área que sea», ya que si bien las tierras son propiedad de la Nación Guaraní, también son una reserva provincial y sus árboles están protegidos por Ley (que prohibe su apeo), además de la decisión expresa del Consejo de Caciques de la Nación Guaraní que declaró intangibles a los árboles de sus propiedades: en este caso, la tierra donde se produjo el apeo está en mano de los guaraníes y pesa sobre ese territorio las dos restricciones que ratifican la intangibilidad de la masa boscosa.

El ministro Blodek convocó a las organizaciones ecologistas de la provincia a que se sumen a esta tarea de control y de denuncia, con el objeto de ratificar la política de conservación de la selva: «necesitamos aunar esfuerzos y trabajar en conjunto con las organizaciones ambientalistas, que así como el Estado vienen trabajando en la concientización para preservar la selva pero ante un caso como este, consideramos que el esfuerzo conjunto puede redundar en un beneficio inmediato: hay que denunciar los ilícitos y encontrar a los responsables para evitar que siga el apeo ilegal», dijo el ministro Blodek, al convocar a distintos grupos ecologistas a que se sumen a esta tarea, entre ellos a Raúl «Rulo» Bregagnolo –un referente de los ambientalistas de Misiones-.

Comprueban el desmonte en el lugar

Un grupo de Caciques del Consejo de Caciques Guaraní junto a los ministros de Ecología, RNR y Turismo, Horacio Blodek, y de Derechos Humanos, Edmundo Soria; el director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo Verón, la policía de Misiones, Guardaparques y periodistas, recorrieron el pasado viernes parte de la comunidad aborigen Tekoá Arandú, en proximidades de Pozo Azul, en el norte de Misiones, para constatar el apeo ilegal de madera (prohibido por la Nación Guaraní y respaldada por una ley provincial que la declara zona intangible), que ya fue denunciado por los propios guaraníes durante una conferencia de prensa que tuvo lugar el miércoles 20 de febrero.

Un grupo de caciques guaraníes, policías y guardaparques ya habían comprobado el 15 y 16 de febrero, durante una inspección en el lugar que se realizó a partir de una denuncia anónima, esta tala ilegal de árboles que se produjo en unas seis mil hectáreas.

Según los guaraníes y el relevamiento que tanto Ecología, Derechos Humanos, la dirección de Asuntos Guaraníes y la Policía realizó en el lugar este viernes 22, el apeo y extracción de madera afecta a un gran predio y hace suponer la utilización de importantes maquinarias en esta tarea.

Los ministros Blodek y Soria Vieta ratificaron la decisión de investigar hasta las últimas consecuencias este ilícito y denunciar a los que resulten implicados, «sean de las áreas que sean: maderero, aborigen o empleado público».

El viernes, la numerosa comitiva recorrió dos sectores donde se produjo la tala: en el lugar se comprobó la existencia de árboles aserrados y preparados para su traslado (incluso algunos dispersos y ocultos en la mata) y varios troncos acopiados para ser trasladados, ubicado en medio de la reserva, en un lugar de difícil acceso y empinados cerros.

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