El director de Asuntos Guaraníes de la Provincia, Arnulfo Verón señaló que apoya que se sancione con rigor, de acuerdo a los delitos por las leyes aborígenes, a los responsables de la venta de elementos provistos por el Gobierno a la aldea Sapucay, en Hipólito Yrigoyen. La aldea Sapucay estaba conformada por entre siete y diez familias, que abandonaron su lugar de asentamiento después de haber vendido herramientas provistas por el Estado, hecho que investiga la policía.
El director de Asuntos Guaraníes Arnulfo Verón dijo en FM Express que los «pillos» son unos pocos, y que están trabajando en «remediar» para que no se repita.
«No solamente estamos al tanto de lo que pasa, sino que además estamos involucrados desde el principio. En este momento este asentamiento está por recibir el título de propiedad que donara históricamente una familia, y que el Estado va a resolver acompañando con la titularidad de ese espacio ambiental para que ellos desarrollaran sus actividades productivas. Con el correr del tiempo se han hecho distintas inversiones por parte del Estado, también de las organizaciones representativas de los guaraníes, donde todos los bienes tienen carácter comunitario, no son privados. Ya la policía ha hecho las actuaciones, nuestra área jurídica está en ese tema», remarcó Verón.
Y aclaró que «no son los guaraníes, son unos pocos, los pícaros, los pillos, los que cometen delitos, esos tienen que ir presos. Y en este sentido estamos actuando conforme a las leyes internacionales y las que rigen en este país, también darle los elementos para que ellos ejerzan su defensa. Y en este sentido la misma organización indígena del Consejo de Caciques actúa en defensa de aquellos hombres y mujeres que en su gran mayoría no realiza estas prácticas delictivas».
El funcionario contó que los cortes de casas y las pantallas solares que tenían han sido vendidos, «hay bienes del Estado, bienes comunitarios que las autoridades de la Nación Guaraní les ha dado en carácter de uso y goce, así que estamos trabajando con la organización indígena para poner remedio a estas prácticas que son poquitas, pero que sucedió también en Tekoa guaraní, que es en la ruta 7, en Jardín América, donde enajenaron una yunta de bueyes y está actuando la policía», y reiteró que «los que cometieron delitos a sabiendas van a tener que rendir cuentas a su pueblo».
Explicó que el Estado también puede actuar al respecto, «lo hace de acuerdo a los delitos que están estipulados en nuestras leyes, pero además hay derechos consuetudinarios que son derechos inalienables que este pueblo va ejerciendo en el transcurso de la historia, que ellos también ven que son actos incorrectos que no tienen nada que ver con sus costumbres. Ellos son absolutamente conscientes de ello».
Y subrayó que «nosotros promovemos que se sancione con todo rigor de acuerdo a la gravedad del delito con nuestras leyes para que no se repita».
