La comisión de enlace conformada en solidaridad con los trabajadores en huelga convocó para hoy a las 7:30 a una reunión frente al municipio de Puerto Piray. Hay dos mujeres cesanteadas que están con problemas de salud por las 48 horas de ayuno que ya llevan de protesta para que les reincorporen Tras 48 horas de ayuno y en medio condiciones climáticas extremas, altas temperaturas y elevada humedad, la huelga de hambre encarada por trabajadores cesanteados del municipio de Puerto Piray podría traer consecuencias serias para la salud de Julia Franco de 62 años y de Viviana Soriano de 26, quienes desde el martes 15 permanecen frente a la Municipalidad reclamando su reincorporación a la planta permanente.
A última hora de ayer el médico policial de la localidad, Jorge Vizcarra, fue el encargado de dar el informe sobre la situación de los huelguistas «en principio presentan deshidratación, descompensación hemodinámica y un cuadro de hipoglucemia, esto último podría afectar la parte cerebral, por lo que yo recomiendo que asistan hasta el hospital de Piray para poder ser atendidas», declaró.
El médico insistió que de persistir la medida se pondría en serio riesgo la vida tanto de Soriano como de Franco.
«No levantamos la medida hasta que el intendente nos devuelva el trabajo»
Julia Franco agradeció la presencia del dr. Vizcarra pero rechazó la recomendación de trasladarse hasta el hospital municipal, «no me siento muy bien, tengo dolores de cabeza y la presión esta un poco alta, pero me voy a quedar acá porque estoy reclamando mi trabajo, porque necesito, tengo hijos a cargo», agregó.
Franco se desempeñaba hasta los primeros días de este mes como cocinera en la cocina centralizada de Puerto Piray, lugar al que accedió como reconocimiento a la labor prestada durante los 32 días de pueblada que consiguió la destitución del intendente Nelson Melgarejo.
«Desde el primer día yo estuve en la pueblada, de todo un poco pasamos, cada día se iba sumando más gente, llegamos a cocinar para más de 600 personas. El pueblo vio, sabe que nosotros pasamos momentos difíciles defendiendo nuestro pueblo, peligrando nuestra vida en la ruta, en la calle, mediante nosotros Lezcano está en el cargo y hoy nos discrimina», lamentó.
Viviana Soriano, cuyo estado de salud no es muy diferente al de Franco, responsabilizó al intendente Jorge Lezcano de lo que pudiera sucederles, «comenzamos esta medida pensando que el intendente nos iba a atender enseguida, que se iba a preocupar por nuestra situación pero hasta ahora no sabemos donde está. Desde el martes estamos aguantando, tomando agua, jugos. Si a mí me pasa algo el intendente va a ser el responsable», sostuvo. Soriano cumplía funciones, desde hace casi 4 años, en el área de Acción Social del municipio y a diferencia de Franco, se mantuvo al margen de la pueblada del año pasado por temor a perder su empleo.
En relación al resto de los cesanteados, Crispiniana Rivas abandonó la protesta en horas de esta tarde por exigencia de familiares directos y Carlos Vázquez se encuentra en su domicilio afectado por una enfermedad cardíaca.
Reunión y solidaridad
Ayer la secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado Nora Dedieu, acompañada por dirigentes provinciales del gremio, se hizo presente en Puerto Piray para intentar destrabar el conflicto y conseguir una instancia de negociación con el intendente Lezcano, pero solamente pudo reunirse con el secretario de gobierno municipal quien reconoció que las cesantías no tienen que ver con una cuestión presupuestaria, «dio a entender que es algo político, yo diría que es una discriminación porque a nuestros lugares de trabajo ya han ingresado 5 ó 6 personas más», destacó Viviana Soriano al descalificar los argumentos de Lezcano de que el municipio no estaría en condiciones económicas para sostener los haberes de estos trabajadores. Los sueldos de Soriano y Franco no superaban los 670 y 450 pesos respectivamente.
Para hoy a las 7 y media de la mañana esta convocada una reunión en solidaridad con los trabajadores en huelga. La convocatoria parte de la comisión de enlace integrada por dirigentes sociales y gremiales de toda la provincia, entre los que se puede mencionar a Rubén Ortiz, Edgardo Landa de la Central de Trabajadores Argentinos, Carlos Di Marco de Comunidades Cristianas por la Justicia, ambas organizaciones de base del Movimiento Social Misionero y el concejal renovador Ricardo Viñuela quien acepto firmar un acta compromiso de acompañamiento al reclamo de los cesanteados.
