Aseguran que la tecnología y legislación vigente garantizan las condiciones de trabajo en la industria de celulosa y papel

La iniciativa del diputado y gremialista Erico Alvarez, que pide declarar la «insalubridad laboral» en las fábricas papeleras y de pasta celulósica para recibir a cambio por cada hora trabajada la paga de una hora y media, carecería de sustento técnico y jurídico según diversos especialistas. En lugar de pretender mejoras laborales, el legislador intenta «canjear salud por más dinero». Además, existen la legislación y las herramientas para establecer y limitar los impactos de esta industria para la salud de los trabajadores. Mientras el mundo, el país y la mayoría de las empresas de la industria de la celulosa, papel y cartón avanzan en inversiones que les permitan incorporar las mejores tecnologías disponibles para mitigar el impacto ambiental y mejorar las condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional de sus trabajadores; en la provincia de Misiones el diputado y gremialista del rubro Erico Álvarez impulsa un proyecto de Ley para declarar la «Insalubridad Laboral» de esta actividad en todo el territorio provincial.

Según prestigiosos especialistas en la materia consultados por Argentina Forestal.com, la cuestión de fondo es que el parlamentario provincial pretende canjear «salud por más dinero», basándose en graves acusaciones en sus fundamentos que -anticipan -, carecen de sustento técnico y jurídico.

La iniciativa de Álvarez –ex secretario general del Sindicato de Papel Misionero- presentada en la Cámara de Diputados el pasado 21 de diciembre abrirá el debate ante la sociedad sobre esta actividad en Misiones, ya que propone declarar «la insalubridad laboral de la industria productora de la Celulosa, Papel, Cartón, Pasta de Celulosa y Afines en todo el territorio de la provincia», y solicita que «a partir de la entrada en vigencia de la presente ley , el personal que se desempeñe en establecimientos industriales productores instalados en Misiones cumplan una jornada laboral de 6 (seis) horas, con un máximo de 36 (treinta y seis) horas semanales». Y que por cada hora trabajada, se abonará el equivalente de 1 hora y 33 minutos, de la remuneración percibida por hora con más sus adicionales, al momento del dictado de esta ley.

El legislador asegura que la actividad «provoca en su proceso industrial un grave impacto en la salud de los trabajadores y el medio ambiente» y que «el trabajador papelero es víctima por partida doble de la acción contaminante de las empresas».

Pero su iniciativa no solamente es única en el país, sino en el mundo entero.

Exigencias internacionales

De todas maneras, cabe agregar que cuando una empresa quiere demostrar su capacidad en el cumplimiento de requisitos de seguridad y salud laboral, busca la certificación en la norma OHSAS 18001. «Esta norma se está convirtiendo en un punto de referencia para todos los países que no disponen (o disponían) de reglamentos específicos de prevención de riesgos. Además empieza a ser un requisito ya establecido por algunas multinacionales, esto implica que se está convirtiendo en la referencia internacional sobre el tema», explicaron a este medio la investigadora María Cristina Área (directora del Programa de Investigación de Celulosa y Papel de la FCEQyN-Unam) y el consultor forestal Gustavo Braier.

Ante la consulta sobre los alcances del proyecto, los profesionales afirmaron que «Argentina tiene un enorme potencial foresto-industrial al igual que los países vecinos. Introducir en nuestras normas caracterizaciones que no tienen presencia en otros países del mundo nos hace diferentes. En este caso, creo que nos hace diferentes para mal. ¿Cuál es el mensaje que emitimos al decir que un sector industrial en particular, en la Argentina, es insalubre, mientras que en el resto del mundo no lo es?», se preguntaron.

«Estamos diciendo que el que quiere producir sucio venga acá, que será bienvenido, porque va a dar más puestos de trabajo que enfermen a la población. No es lo que yo quiero para mi país y mi provincia: quiero más trabajo digno y sano en empresas que usen las mejores tecnologías disponibles y que mejoren día a día», expresaron.

Asimismo, aclararon que las normas del Ministerio de Trabajo de la Nación, al reglamentar los derechos provinciales a declarar insalubres determinadas tareas, es muy explícita en escapar al capricho y al exigir estudios que demuestren la necesidad de declarar a la actividad insalubre.»No es cierto que en las condiciones actuales la industria de pulpa y papel pueda considerarse una industria insalubre», afirmaron.

Además, recalcaron que existen la legislación y las herramientas para establecer y limitar los impactos de esta industria para la salud de los trabajadores. «Las autoridades nacionales están realizando los controles para que lo dicho sea una realidad. Busquemos, en conjunto, mejorar la situación de nuestra sociedad y no buscar huecos que, pretendiendo mejorar nuestra imagen frente a colegas del sector, en realidad, los condenen a un futuro de mal ambiente laboral, peor remunerado y con menor demanda laboral», consideraron los especialistas.

Area y Braier analizaron en detalle el proyecto presentado por Erico Álvarez y desde el punto de vista de la investigación y profesional, marcaron su posición de que «bregamos por la incorporación a los procesos industriales de toda la tecnología disponible, de forma tal de mejorar, no sólo la eficiencia productiva y ecológica, sino también el bienestar de los trabajadores. Estamos convencidos, asimismo, que de este modo se mejora la rentabilidad en el largo plazo de cada empresa», explicaron.

«En este contexto, el presente proyecto de ley aparece en forma totalmente extemporánea, surgiendo en un momento en que la industria de pulpa y papel en el mundo y en el país, está realizando todas las acciones necesarias para transformarse en una industria más limpia. Asimismo, en ésta como en la mayoría de las industrias, la tendencia hacia la mecanización, la automatización y la operación remota, ha hecho disminuir todavía más la exposición de los trabajadores», concluyeron.

Inconstitucional

La legislación vigente marca que no existen insalubridades genéricas por actividad, sino lugares o condiciones de trabajo insalubre, declarados así por la autoridad de aplicación competente.

Según ambos expertos, «el primer error en el que incurre el diputado Álvarez al presentar el proyecto, desde el punto de vista jurídico, es que el poder legislativo provincial no es autoridad de aplicación para decretar la insalubridad de una actividad. La autoridad de aplicación para declarar la insalubridad laboral es la autoridad administrativa laboral, a través de informes médicos técnicos.

No existe actividad insalubre per se. Contrariando la historia y la actualidad laboral, se presenta un proyecto que sin ningún sustento técnico ni jurídico, pretende encuadrar toda una actividad como insalubre.

La iniciativa no presenta ningún tipo de informe ni cumple con los procedimientos establecidos por una Ley Nacional (LCT) y Resoluciones que emanan del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Ante los fundamentos tan pobres y carentes de sustento jurídico y técnico, donde se observa que no se trata de toda la industria (sino de la ¿mayoría?) y que tampoco se puede hablar de todos los sectores (sino de ¿algunos?). Es decir, hay contradicción en la ley por cuanto declara la insalubridad de toda una industria pero reconoce (indirectamente) que no toda es nociva.

Finalmente, en caso de aprobarse la ley, la misma sería inconstitucional ya que violaría principios tales como: igualdad ante la ley; violación al derecho de ejercer industria lícita; discriminación, etcétera».

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