El retraso en las investigaciones por la desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar en el establecimiento «Las Marías», de la localidad correntina de Gobernador Virasoro, podría derivar en la intervención por parte del Consejo de la Magistratura en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, Corrientes. El retraso en las investigaciones por la desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar en el establecimiento «Las Marías», de la localidad correntina de Gobernador Virasoro, podría derivar en la intervención por parte del Consejo de la Magistratura en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, Corrientes.
Esa posibilidad dejó entrever, hace pocos días, la senadora nacional Diana Conti, a la vez vicepresidenta del citado órgano de contralor de los jueces, durante una visita que realizó a la capital de la vecina provincia de Corrientes, ocasión en que se reunió con funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Luego del encuentro, además de otros con representantes de entidades que impulsan los «Juicios por la Verdad», la legisladora nacional se hizo eco de la preocupación planteada por sus interlocutores acerca de la demora las investigaciones por la desaparición forzada de personas y detenciones ilegales en «Las Marías».
En ese sentido, la senadora Conti no descartó una posible intervención del Consejo que integra en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, así como la tramitación de un pedido de apartamiento de su titular, doctor Juan Ángel Oliva, como supuesto responsable de la demora en el caso.
La causa, que se tramita en el expediente 1-19.067/06, apunta a esclarecer los hechos que involucraron a una decena de trabajadores y dirigentes de los gremios de la alimentación y rural, que se desempeñaban en «Las Marías» durante la última dictadura, y fueron perseguidos, detenidos, torturados y desaparecieron, mientras que otros debieron optar por el exilio.
El establecimiento es propiedad de Adolfo «Toco» Navajas Artaza, quien ejerció el cargo de ministro de Bienestar Social de la Nación durante la gestión del dictador Reynaldo Benito Bignone, aunque también ocupó la gobernación de Corrientes durante el gobierno de facto de 1966 a 1972.
De acuerdo con investigaciones y testimonios aportados por referentes de Derechos Humanos en Corrientes, Navajas Artaza habría recurrido a sus vínculos con el último gobierno militar para intentar sofocar las actividades sindicales dentro del establecimiento de su propiedad, hechos que ahora se investigan en el marco de los «Juicios por la Verdad».
