Un juez de Paso de los Libres reactivó la causa. Testimonios compromente a Adolfo Navajas Artaza Siempre se dijo, pero nunca hubo alguna prueba contundente. Ahora parece existir documentación que probaría que la familia Navajas Artaza, propietaria de Las Marías, colaboró con la dictadura militar. Se encontraron copias de las declaraciones testimoniales formuladas en 1977 y 1978 por los hermanos Adolfo Felipe, Víctor Amado y Pablo Navajas Artaza, ante el juez federal de Paso de los Libres Humberto Victoriano Perego, que señalaban a trabajadores como «subversivos», que después fueron desaparecidos.
En Las Marías se produjo la desaparición de dos trabajadores, Neris Pérez, secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (Fatre), Marcelo Peralta, delegado de esa organización sindical, y la de Rómulo Artieda. El primer paso para corroborar cuál había sido el rol jugado por los Navajas Artaza se dio a partir de una investigación iniciada por Catalino Pérez para saber quiénes habían sido los culpables de la desaparición de Neris, su padre. En mayo de 1997, Catalino tuvo acceso a la declaración testimonial del policía «arrepentido» Ramón Alberto Giménez, que brindó detalles sobre hechos ocurridos en Las Marías, con la condición de que fuera respetada su vida «y guardada también la de mi familia» de las acciones que pudiera realizar «una persona feudalista (sic), que puso siempre al pueblo bajo su poderío económico», en alusión a Adolfo Felipe Navajas Artaza.
El testimonio dio lugar a la primera presentación judicial contra los Navajas Artaza, que hoy tramita en los tribunales federales de Paso de los Libres. En su declaración, Giménez admitió que él mismo actuó «como entregador» en el secuestro de Neris Pérez, junto con el sargento primero José Anchetti, luego encontrado muerto de un balazo en la cabeza. Se dijo que fue un suicidio, aunque su ex compañero Giménez asegura que fue «un asesinato cometido por un capitán de apellido Saco» que trabajaba para los Navajas Artaza. Según Giménez, a su colega lo asesinaron porque era «el correveidile» de Gobernador Virasoro y temían que hablara de más.
En Las Marías, la empresa abrió varias causas contra los delegados gremiales del Sindicato de la Alimentación y de Fatre. «Primero nos acusaron de malversación de fondos en el sindicato y como no lo pudieron probar, dijeron que formábamos una «asociación ilícita», pero como eso tampoco prosperó, pasaron de la Justicia ordinaria a la Justicia federal y nos acusaron de «subversión». Casi todos siguieron presos durante esas instancias judiciales. El 9 de enero de 1978, Adolfo Felipe Navajas Artaza declaró ante el juez Perego que todos los nombrados habían participado en supuestos actos de «sabotaje industrial» en perjuicio del establecimiento Las Marías. Según el más conocido de los Navajas Artaza, esos hechos se habrían producido «a partir del 25 de mayo de 1973», es decir desde la llegada al poder de Héctor José Cámpora. Marcelo Acuña recuerda que la actividad sindical en Las Marías «había comenzado con la asunción de Cámpora, pero lo que hacíamos era realizar asambleas y reclamar derechos que no se cumplían… el régimen laboral era un trato de esclavos».
En la causa, además de los ya nombrados, estaban como imputados de los supuestos hechos subversivos otros empleados, entre ellos Epifanio Monzón, Juan Carlos Avila, Rómulo Gregorio Artieda y Gregorio Delfino Viana, aunque los Navajas Artaza no los identificaron como personal de la planta. Entre los testimonios acusatorios que llevaron a la cárcel a los trabajadores de Las Marías figuraron los que aportaron miembros del personal jerárquico como Froilán Fernández, José Isaac Centeno, Sergio Schneider, Miguel Gaviña Naón y Fernando Pereira Coimbra Ganduglia.
