El trámite se demoraría porque la fiscalía solicitó una serie de medidas. Entre éstas, la más imporante es la determinar las funciones que cumplía el acusado en la firma. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Si tenía responsabilidad sobre los fondos, le cabría, pena importante; si no, sería una simple estafa.[/su_note]El único sujeto detenido por el caso del robo de poco más de tres millones de pesos, en distinta moneda, a la recaudadora de caudales, podría aguardar el juicio oral y público en libertad, si prospera un pedido de excarcelación presentado por sus abogados defensores.
Se trata de Francisco Fernández, quien está acusado de defraudación por administración infiel, tras ser señalado como el autor del mencionado faltante en las arcas de la firma que se detectó en coincidencia con la desaparición de aquél de su puesto de trabajo, de su casa y de los lugares que solía frecuentar a partir del 24 de marzo último.
Fernández reapareció casi dos meses más tarde, acompañado por un abogado y se presentó en el Juzgado de Instrucción, luego de permanecer en distintas ciudades limítrofes de Brasil y Paraguay, según habría admitido él mismo en las distintas indagatorias, durante las cuales negó enfáticamente haber sido el protagonista de la sustracción.
Si bien el pedido de excarcelación no se resolvería en lo inmediato, ya que de acuerdo con fuentes judiciales aún resta una serie de medidas solicitadas por las fiscalía para la elevación a juicio de la causa, Fernández estaría en condiciones de recuperar la libertad mientras se sustancian estos trámites, teniendo en cuenta la figura legal del caso.
Por ahora, hasta donde se sabe, la fiscalía habría requerido información acerca de la injerencia del detenido en el manejo y probable alteración del circuito cerrado de cámaras con que cuenta Prosegur en su sede de la avenida Andresito casi San Martín, de Posadas. También si la firma contaba con el seguro necesario para cubrir el faltante.
Pero quizás la medida más relevante, que podría definir la condena o no del imputado en un juicio oral y público, es la que se refiere a la determinación, en forma fehaciente, de las funciones que Fernández cumplía en la empresa.
De acuerdo con conjeturas que se tejieron desde el momento en que se produjo el hecho, a fines de marzo de este año, ese dato sería fundamental ya que si Fernández tenía alguna responsabilidad sobre los fondos, sería encuadrado en una figura con penas importantes. En contrario, podría corresponderle el cargo de «estafa», que es excarcelable.
