El ministro de Ecología, RNRyT de la provincia, Luis Jacobo, marcó la posición del gobierno con respecto a la normativa y ratificó que la operatoria «es una herramienta indispensable para el desarrollo de la foresto-industria», pero a su vez agregó que «acompañaremos la prórroga, pero consideramos necesario que se incorporen algunas modificaciones conceptuales en determinados artículos que permitirán definiciones claras para la mejor aplicación de la ley». MISIONES (15/11/2007).- Desde el gobierno de Misiones ratificaron que la Ley Nacional 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados (que pierde vigencia en 2009) es una «herramienta indispensable para el desarrollo de la foresto-industria», pero consideran necesario que el proyecto de prórroga que se deberá elaborar para su tratamiento en 2008 en el Congreso Nacional le incorporen algunas modificaciones que permitan reglas claras al inversor y a las provincias.
«No hay ninguna duda de la necesidad de prorrogar la ley que fomente el ritmo de la masa forestal adecuada para el desarrollo futuro de la foresto-industria», dijo el ministro de Ecología de la provincia, Luis Jacobo. «La inversión forestal es de largo plazo, se trata de una materia prima que -entre que se implanta y se dispone de la misma- es muy difícil de sostener los costos y realizar todo con inversiones propias; por lo tanto, conceptualmente el fomento de la forestación en Argentina a través de la ley 25.080 tiene que continuar», recalcó el funcionario en la entrevista con ArgentinaForestal.com.
Pero por otra parte, Jacobo explicó que la Provincia mantiene su interés en que «la ley incorpore cambios en el texto de redacción del proyecto de prórroga para evitar algunos problemas que la normativa presenta desde el inicio de la aplicación hasta la fecha, que desde la vigencia de la misma derivaron en dificultades que se originaron de la letra de la normativa por algunas cuestiones tal vez no bien definidas», explicó el ministro.
Las generalidades de la ley hacen que, al no estar específicamente definido algunos conceptos de sus artículos, genere en algunas provincias ciertos problemas y a otras no tanto.
Al respecto, Jacobo indicó que «se entiende que existan provincias que con la normativa , al cual está hoy expresada, no les traiga ningún inconveniente de aplicación, pero este no es el caso de Misiones que tiene características distintas al resto del país, ya que es la provincia en la que se deposita el mayor remanente de masa boscosa. Si la ley 25.080 no define con claridad en su Art. 4 que es monte nativo, que es un árbol, arbusto o capuera, estamos en un problema. Y esta falta de definición clara ya nos ha traído dificultades con varios proyecto que están paralizados desde hace algunos años, pero el problema no nos genera sólo a nosotros sino también a la Nación en la aplicación», expresó el ministro.
Definiciones claras
Asimismo, el funcionario agregó que «los inconvenientes de la ley se podrían ajustar en general para salvar algunos aspectos del sistema y lograr ajustar la operatoria por medio de una mayor precisión en sus artículos, de manera de evitar interpretaciones disímiles o interpretaciones dudosas que después, en el plano operativo, ponen en riesgo la aplicación de la ley. Aún hoy estamos discutiendo conceptualmente el art. 4, y estos vacíos o grises en la ley no pueden existir», dijo.
Seguidamente, el funcionario aclaró que «no debiera distorsionarse esto que digo ahora como una posición a favor de convertir monte nativo en forestación, de ninguna manera es así», aclaró. «Justamente lo que queremos como Provincia es que este punto sea claro para que, en el futuro, cuando se avance en una política más restrictiva en términos de no afectación de monte nativo, la ley 25.080 funcione en forma paralela con la mayor claridad posible. De lo contrario, llegará un momento que, a expensas de la ley de promoción forestal, perderemos bosques nativos», advirtió.
De esta manera, el gobierno misionero se distancia de aquellos actores del sector foresto-industrial que promueven la prórroga de la Ley 25.080 «tal cual está».
Jacobo fundamentó su posición en que «Misiones buscará evitar que la ley continúe con definiciones dudosas, lo que pretendemos es que se incorporen definiciones y conceptos absolutamente claros», insistió.
En este sentido, agregó también que en 2009 se cumplen los 10 años de la vigencia de la norma y hay conceptos que antes no se tenían mayor certeza ni claridad como hoy sí se tiene, como es el tema ambiental, tras la experiencia adquirida en este tiempo en la aplicación de la ley.
Descentralización
Por otra parte, el ministro de Ecología consideró necesario también avanzar en la redacción de una normativa que «precise la división de tareas entre Nación-Provincia, que son los organismos responsables de la aplicación de la Ley».
Al respecto, remarcó que «el gobierno provincial seguirá propiciando una mayor descentralización de la ley, creo que estamos en condiciones de asumir más responsabilidades, aunque esto nos signifique un esfuerzo extraordinario de fortalecer más la estructura del área forestal, los recursos humanos y lo todo lo que sea necesario. Esto será lo mejor para la salud de la ley hacia futuro y en su aplicación, dado que considero que las Provincias tendrían que tener un rol más protagónico», dijo el funcionario.
Jacobo aclaró también que la aspiración de lograr una mayor descentralización en la gestión de la operatoria «de ninguna manera» significa que se tenga que eliminar el control de los fondos públicos por parte de la Nación, las condiciones y demás. «Lo que digo es que es necesario traer más tarea en el ámbito provincial, más responsabilidad».
«Esto permitirá dinamizar el sistema y agilizar el proceso. Si bien puede ser que haya alguna provincia que no le interese montar más estructura en el tema forestal, este no es caso de Misiones, donde la actividad foresto-industrial sí nos interesa y está entre nuestras prioridades», agregó.
Más información en el Especial Aniversario de la Revista ArgentinaForestal.com Nº48
