Luis Benítez no será destituido de su cargo

El alcalde de San Vicente era investigado por su responsabilidad en el manejo de 99 mil pesos que envió la Nación para la Emergencia Agropecuaria. San Vicente. Sorpresivamente la comisión investigadora a la que fue sometido el intendente Luis Benítez desde mediados de septiembre pasado, decidió no elevar ningún tipo de cargo en contra del jefe comunal.

En esta oportunidad investigaron su responsabilidad en el manejo de 99 mil pesos que envió la Nación para la Emergencia Agropecuaria, y otros 30 mil más, que estaban destinados a la finalización del edificio de la Escuela Especial 30. Pese a haber conseguido muchísima documentación que podría respaldar la elevación de cargos en contra de Benítez, los concejales Mario Franco de Lima, Juan Bareiro y Claudio Soto González,-integrantes de la comisión-, resolvieron no hacerlo. Franco de Lima argumentó que la decisión se tomó porque se vencían los plazos establecidos, -lo cual fue responsabilidad de ellos mismos-, y por que tanto la justicia ordinaria como el Tribunal de Cuentas ya estaban investigando ambas cuestiones, -lo cual no es vinculante con las responsabilidades del Concejo Deliberante-.

Benítez ya había sido destituido en abril del 2005, pero apeló la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia, que hasta la fecha no se expidió sobre la cuestión.

En el caso de ahora, un mes antes de las elecciones y sorpresivamente, los ediles decidieron crear una nueva comisión investigadora en contra del intendente renovador. La comisión estuvo integrada por Soto González, -quien fue candidato a intendente por el puertismo-; Franco de Lima, -cuya esposa lo fue por el frente de Tschirsch-; y Juan Bareiro, hermano de otra candidata a intendente del frente que encabezaba el vicegobernador. Además en el marco de estas investigaciones se produjeron las supuestas amenazas de muerte que recibió el concejal Mario Franco de Lima, de parte de los abogados de Benítez.

Los casos

Por un lado la Comisión investigó el uso que le dio el intendente a 99.048,88 pesos que la Nación había enviado para la asistencia a productores por la emergencia agropecuaria y que nunca llegó a ellos. Este fue uno de los motivos que originó la manifestación del año pasado que finalizó con la quema del edificio comunal. El otro caso está relacionado con un subsidio de 30 mil pesos, que también envió la Nación para la finalización de la construcción del edificio de la Escuela Especial 30. Aunque la obra se terminó con el aporte solidario de un empresario local, Benítez la rindió a la Nación como si se hubiese ejecutado con ese dinero del fisco.

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