En el Lote 8 de la empresa Juan Alberto S.A. la ocupación ilegal se incrementó en más de un 300% en los últimos cinco años. Los rozados crecen día a día y ya suman más de 250 hectáreas de devastación de monte nativo de Reserva de Biosfera, un lugar considerado único en el planeta y de máxima prioridad de conservación.
Los intrusos brasileños continúan su avance sobre la Reserva de Biosfera de Yabotí, y con ellos, en forma exponencial, la depredación de la Selva Paranaense en lo que representa un espacio natural único en el planeta por su alto valor de conservación y su estado crítico de preservación, dado que año a año su cobertura que representa en la actualidad el 6% de la superficie que ocupaba originalmente- disminuye en forma acelerada.
Esta situación tiene como paradigma el caso denunciando en San Pedro, en tierras pertenecientes a la firma Juan Alberto S.A., en un área de la Reserva Yabotí que se encuentra lindante a los Saltos del Moconá. Esta empresa vio con impotencia, debido a la falta de controles y actuación por parte de los organismos provinciales y nacionales de aplicación, como en los últimos cinco años la superficie ocupada por intrusos de procedencia brasileña se incrementó más del 310 por ciento respecto a la situación registrada hasta 2002.
Por este motivo, tres meses atrás, la Cooperativa de Trabajo Restauradora de la Selva Paranaense hizo una presentación legal ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental de la Nación (Ufima), a cargo de Ramiro González, tal como lo había anunciado oportunamente Argentina Forestal.com, sin embargo a la fecha y pese a la documentación presentada tanto ante el organismo nacional como a las autoridades provinciales, no se han tomado cartas en el asunto y los intrusos continúan avanzando en forma deliberada.
En el caso puntual de Juan Alberto S.A. la devastación asciende a más de 250 hectáreas, y las masas de bosque nativo están siendo reemplazadas por prácticas agropecuarias, siendo las principales el cultivo de citronela y tabaco, en este último caso el daño es mucho mayor, dado que al daño hecho por el desmonte se le suma el de la rastra en zonas de alta pendiente y la aplicación de agroquímicos de alta toxicidad como el bromuro de metilo, con consecuencias nefastas tanto para el ambiente como para el hombre.
Esta situación pudo ser corroborada por Argentina Forestal.com y Misiones On Line, que junto con otros medios locales y nacionales participaron de una recorrida por la zona de intrusión del Lote 8 ubicado en Colonia Pepirí de San Pedro, perteneciente a Juan Alberto S.A.
Durante el recorrido terrestre y fluvial se pudo apreciar la amplia zona de devastación, la manera en que los ocupantes ilegales se van asentando sin encontrar ningún tipo de oposición ni control por parte del Estado, y como en forma creciente y acelerada avanzan sobre la Selva Paranaense generando grandes manchones producto del rozado, sin discriminar especie ni pensar en el daño al ecosistema, donde las poblaciones animales en peligro de extinción pasan a una situación más dramática aún por la caza y la reducción drástica de su hábitat natural.
El negocio del ocupa
Al no haber impedimento alguno para instalarse en zonas de selva, aunque sean propiedad privada, la ocupación ilegal se transformó en un negocio de cero riesgo y muy alta rentabilidad. De acuerdo a la documentación presentada por Liliana Ortega, abogada y presidenta de la Cooperativa de Trabajo Restauradora de la Selva Paranaense, más lo corroborado in situ al recorrer la zona de intrusión, los ocupas son un ejemplo de diversificación, yendo desde la venta de tabaco y citronela, la ganadería, la caza y la pesca (prohibidos por Ley, al igual que la ocupación de tierras y más si se trata de bosques de alto valor de conservación) y la venta de leña, hasta el negocio inmobiliario, ocupando éste un lugar destacado. Como si esto fuera poco, algunos de los intrusos ya piensan en emprendimientos turísticos.
El negocio inmobiliario es un claro ejemplo de la desidia y permisividad de las autoridades, los ocupantes, en especial los más recientes, ingresan a los lotes privados, hacen una tala rasa y quema, «limpiando el suelo», y luego venden «la mejora» del terreno dividido en chacras a terceros que lo utilizan para producir, como se dijo, principalmente tabaco y citronela.
Lo más grave, es que muchas de estas «ventas de mejoras» son hechas «por medio de boletos de compra venta con firma y sello del Juzgado de Paz», relató Ortega, y agregó que «la situación nos desborda y ya no sabemos a quién más recurrir porque los organismos de control y encargados de hacer cumplir las leyes no actúan, y acá hay delitos ambientales y violación a la propiedad privada, sin contar los casos de violencia registrados en la zona».
La llegada de la Ruta Costera 2, que ya comenzó sus obras en la zona generó gran expectativa y especulación por parte de los nuevos ocupantes, quienes avanzan sobre la Selva Paranaense limpiando todo lo que está a su paso para formar nuevas chacras las cuales ya están vendiendo a más de 17 mil dólares en el mercado ilegal, donde supuestamente no venden la propiedad del terreno sino lo que denominan «mejoras». De esta manera, en los últimos cinco años un solo intruso llegó a vender más de once chacras.
Solución aplazada
Dirceu de Oliveira Elautario es un intruso que se instaló en el Lote 8 de la firma Juan Alberto, en Colonia Pepirí, en 1972, desde entonces desarrolla actividades como la pesca, ganadería y producción de citronela y maíz, y ahora con los avances en la construcción de la Ruta Costera (Ruta 2) ya comenzó a desarrollar un emprendimiento turístico con servicio de gastronomía y venta de artesanías.
«Cuando entré me trajo mi papá, yo tenía once años, y trabajábamos en las jangadas, luego eso se terminó y comencé a trabajar la tierra», relató el ocupante proveniente de Tres Pasos (Brasil), y agregó que una vez fallecido su padre, en 1979, «vendí las dos chacras que teníamos, y luego me vine a donde estoy ahora». Actualmente cuenta con tres hijos y si bien reconoció que cuando se instaló en la zona no estaba haciendo algo correcto, «ya llevo tanto tiempo acá que los propietarios de la empresa permitieron que me quede».
Lo cierto es que en estos momentos hay dos rangos de ocupantes, los antiguos y los nuevos. En el primero de los casos se tratan de ocho familias que no ocupan más de 80 hectáreas, en su mayoría eran hombres que trabajaban en las jangadas (rollos de madera que especialmente armados para asegurar su flotabilidad y que no se desprendan eran arrojador río arriba hacia el Sur), pero al quedar perimido el sistema, quedaron sin trabajo, asentándose en zonas de reserva donde formaron familia y su núcleo económico, explicó Juan Carlos Barquinero, apoderado de Juan Alberto S.A..
Dada la antigüedad de estos ocupantes, la empresa decidió encarar un proyecto de responsabilidad social que permita solucionar la situación de ilegalidad de los mismos y evitar mayores impactos en la reserva y al ambiente en general. De acuerdo a esta iniciativa, se trataría de regularizar la situación de estas ocho familias de intrusos e intentar incorporarlos a una suerte de Villa Turística, donde ellos se integren al paisaje, y así formar parte de un emprendimiento ecoturístico que la firma tiene en carpeta y el cual fue desarrollado por la Cooperativa de Trabajo Restauradora de la Selva Paranaense.
Sin embargo, todo este proyecto se encuentra paralizado, dado que la continua llegada de nuevos ocupantes y el avance de los mismos sobre esa porción de la Reserva de Biosfera de Yabotí, hacen imposible cualquier tipo de negociación.
«Comenzamos a trabajar en un plan de regularización a principios de año, hicimos tres reuniones generales con los ocupantes, y el diálogo se estancó porque no se respetaron las consignas que habíamos acordado para poder continuar en el proceso», explicó Barquinero.
Las condiciones establecidas por la empresa para poder elaborar un programa que permita solucionar la problemática eran las de suspender toda actividad nueva, es decir, que no sigan avanzando sobre la reserva, ni cometiendo delitos ambientales como la caza y pesca, prohibidos en la zona, pero esto no fue cumplido.
«Continúa el daño al bosque, el robo de madera, la caza y la pesca ilegal, y la verdad que es una situación desesperante porque no encontramos la forma de poder resolver este conflicto», sostuvo el representante de Juan Alberto S.A..
También siembran temor
Otra de las caras que tiene esta problemática, es que un grupo de nuevos ocupantes establecidos en el Lote 8 de la firma son de caracter muy violento, poco tiempo atrás fue agredido un trabajador de Juan Alberto S.A. quien luego de estar internado en un sanatorio de Posadas, actualmente se encuentra realizando un postoperatorio tras una delicada operación en el cráneo donde tuvieron que extraerle una parte del mismo dado el nivel de inflamación que aprisionaba el cerebro, y en un mes debe someterse a una nueva cirugía. Este sería el hecho más grave registrado en la zona, pero no el único, y el temor mantiene en silencio a los ocupantes pacíficos que prefieren no hablar del tema, aunque reconocen la peligrosidad de la situación.
