La iniciativa se analizó ayer en la Jornada sobre «Derecho de Familia»
Buscan instalar en las currículas escolares áreas referidas al derecho de familia. La iniciativa fue analizada en el marco de las Jornadas sobre «Derecho de Familia» organizadas por la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, junto con el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El encuentro que se desarrolló ayer en el Salón Gala, contó con la participación de más de 200 participantes y la disertación de Ricardo Dutto, juez colegiado de Familia, Liliana Moreda, abogada y psicóloga y el Defensor Oficial, Pablo Padula.
Se abordaron varios ejes temáticos entre los que se destacaron la violencia familiar y la exclusión del hogar; los menores frente al delito y la problemática referida a los niños y niñas en situación de calle.
La subsecretaria de la Mujer, Elsa Urbina, estuvo acompañada por el la senadora Élida Vigo; la diputada nacional Fabiola Bianco además del acompañamiento de representantes de la Línea 102, a cargo de Andrea Darú; personal de la Policía Comunitaria, la Jefatura de Policía y la Comisaría de la Mujer.
Nuevas familias
El encargado de romper el hielo ayer fue el abogado Ricardo Dutto quien presentó el nuevo panorama donde se hallan, más allá de las familias tradicionales, los nuevos grupos sociales asociados con esta institución social y el flagelo de la violencia que atraviesa todos los estratos sociales.
También se refirió a la naturalización de los hechos violentos donde «está socialmente permitido que el hombre maltrate a la mujer como una situación cotidiana».
Leyes afines
Una de las cuestiones en las que Dutto se explayó fue la referida a las herramientas legales frente a los hechos de violencia entre los que mencionó un sistema de denuncias anónimas donde la Justicia garantiza la reserva de identidad del denunciante. De esa manera se brinda una posibilidad a terceros de efectuar una denuncia ante un caso para no ser encuadrados a posteriori bajo la figura de «encubrimiento de un accionar doloso» o bien el «ocultamiento de abandono de persona – sea menor o no-«.
En ese marco remarcó la idea que impulsa un proyecto de ley nacional con el que se pretende incluir a los derechos de familia y las normas que protegen a los niños que viven en la cotidianidad situaciones de violencia.
También resaltó la obligación de los profesionales y maestros de denunciar si presumen la comisión de este tipo de delito.
El miedo
Por la tarde Liliana Moreda se refirió al trato profesional que se debería dar en los casos de violencia -física o psíquica- y específicamente al «miedo de las víctimas».
«Tanto el letrado como el psicólogo que interviene en cada caso tienen ciertas limitaciones a los que se le suma el pánico de la víctima, sujeto de derecho que está sometido y no vislumbra alternativa posible. En muchos casos en Buenos Aires se trabajan en audiencias con un equipo interdisciplinario, que ya no se piensa como una probabilidad sino como una herramienta necesaria», dijo la abogada.
También afirmó la necesidad de la justicia de evolucionar de cara a los cambios sociales, como las familias ensambladas o las conformadas entre homosexuales.
«La Justicia evoluciona y en ese proceso se dan cambios que constantemente requieren de un aval del Estado y que paulatinamente se va dando en tanto y en cuanto la sociedad lo reclame», añadió.
A su turno, el especialista en Derecho de Familia y Defensor Oficial Pablo Padula describió en una charla muy didáctica las connotaciones y aristas que se deben tener en cuenta cuando se trabaja con los niños y niñas en situación de calle.
Entre las figuras legales que se utilizan frecuentemente mencionó la acción de protección de persona, la ley provincial 3820 y los artículos del Código Civil referidos a los derechos de los niños y los progenitores.
Como funcionario público reconoció la urgente necesidad de dotar de más estructura a la Justicia misionera que se encuentra «colapsada, con cuatro defensorías desde 1982 aún a sabiendas del desarrollo demográfico que se produjo hasta la fecha». Este dato, no menor, redundaría en acciones que se toman de manera inmediata siempre con el único objeto de proteger los derechos de los menores. «Muchas veces no podemos seguir los pasos institucionales porque hay muchos casos donde hay que actuar porque está en riesgo la vida del menor. Lo que hacemos es articular con las instituciones de la sociedad civil y otras instituciones del Estado para salvar la situación protegiendo el vínculo filial – siempre que sea posible- tratando de recomponer ese grupo», dijo. Por otro lado, reparó en la necesidad de crear legislación específica a la temática.
