El Gobierno se impuso ayer veinte ambiciosos objetivos para tratar de coordinar y mejorar la prevención y lucha contra el financiación del terrorismo, en lo que parece un gesto ante la creciente presión de Estados Unidos por este tema. Los objetivos están incluidos en una agenda que el presidente Néstor Kirchner aprobó por decreto en coincidencia con el sexto aniversario de los atentados contra las torres gemelas de 2001.
Desde el 2001, Washington denuncia que sectores de musulmanes radicalizados de la Triple Frontera financian a grupos terroristas en Medio Oriente. La presión se dirige fundamentalmente sobre Brasil porque gran parte de los comerciantes de Ciudad del Este depositan su dinero en bancos brasileños de Foz de Iguazú. Como forma de cooperación institucional, se creó el grupo «3+1» integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. para ampliar los controles sobre la Triple Frontera.
El decreto, firmado por el presidente Néstor Kirchner y los ministros de Justicia, Alberto Iribarne -quien es el coordinador de esta materia-, y de Economía, Miguel Peirano, cumple con una serie de compromisos internacionales asumidos por la Argentina fundamentalmente con el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado (GAFI).
El Gobierno prevé, entre otros objetivos, abrir el debate para reelaborar la tipificación penal del delito de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas como el terrorismo o el narcotráfico. Iribarne dijo a Clarín que «varios países del GAFI ya consideran al lavado como un delito autónomo y no como encubrimiento de otro delito».
La agenda que la Argentina se compromete a cumplir de aquí hasta el 2009 también quiere mejorar las reglas de control del sistema financiero a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) que el Gobierno reestructuró el año pasado; y ampliar la lista de sujetos obligados a informar sobre operaciones sospechosas. La idea es que también deban reportar las AFJP, los fondos fiduciarios privados, cooperativas y mutuales que en la city porteña son usadas frecuentemente para cobrar cheques u otras operaciones financieras y así pagar menos impuestos.
Mientras el ministro de Justicia avanza con esta agenda, su colega del Interior, Aníbal Fernández, armó un grupo de estudio para rediseñar la lucha contra el narcotráfico, que también usa los mecanismos de lavado de dinero. Fernández, que no firmó el decreto de ayer, quiere coordinar esta lucha policial.
Otro de los puntos de la agenda aprobada ayer se refiere a «eliminar las restricciones legales de confidencialidad que permitan el intercambio entre las UIF, el Banco Central y las unidades del exterior» como la poderosa FINCEN de los EE.UU.
