El conflicto que a comienzos de este mes mantuvo paralizada la actividad económica del Norte de Misiones comenzó en los primeros días de agosto del año pasado, cuando un grupo de motosierristas que trabajaban para empresas contratistas que prestan servicios a la compañía Alto Paraná Sociedad Anónima (Apsa), salió a cortar la ruta 12 y el ingreso a la planta celulósica de Puerto Esperanza.
Los obreros rurales reclamaban una serie de mejoras en sus condiciones de trabajo y su incorporación al gremio de papeleros de la zona (Soep). Argumentaban que el gremio al que estaban afiliados, a saber la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), nunca respaldó sus reclamos, mientras que el Soep se puso al frente de la protesta desde el primer día. Desde la Uatre, en tanto, denunciaron que detrás de la protesta había un intento del Soep de «robar» afiliados cuyo encuadre correspondería al gremio rural.
Los reclamos por las mejoras laborales recibieron una rápida respuesta favorable por parte de las empresas contratistas y de la propia Apsa que se ofreció como garante del cumplimiento de todas las condiciones exigidas por los motosierristas referidas a las condiciones de trabajo.
Entonces se firmó un acuerdo entre Uatre y la patronal mediante el cual los trabajadores forestales de campo que prestan servicio a Apsa, se garantizaron la mayor escala salarial del país para esa actividad.
A pesar de la buena voluntad para resolver las cuestiones laborales, las protestas se extendieron durante casi un mes más por la imposibilidad legal de encuadrar a los trabajadores rurales en un gremio industrial como el Soep. Durante ese período se mantuvo el corte al ingreso de la celulósica de Apsa, lo que generó un millonario perjuicio a las Pymes que proveen de materia prima, insumos o servicios a la compañía forestal entre ellos se cuentan todas las empresas de transporte de cargas de Misiones.
Por intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, se llegó a una tregua en los primeros días de septiembre del año pasado, cuando el organismo decretó una conciliación obligatoria en la que instó al Soep a solicitar el reencuadre de los motosierristas a través de la vía legal, en vez de hacerlo por medio de medidas de fuerza.
El gremio papelero desoyó la recomendación de Trabajo y cinco meses después volvió a cortar el ingreso a la planta en reclamo del reencuadre sindical de los motosierristas, sin antes haber iniciado el trámite administrativo correspondiente a ese efecto. Esta nueva medida, que también provocó un serio impacto económico en la zona, fue considerada «de mala fe» por la Provincia que decretó su ilegalidad y se interrumpió gracias a una segunda intervención de Trabajo de la Nación que volvió a reclamar al Soep que canalice sus reclamos por vía legal.
Aseguran que se cumplen los acuerdos laborales con los motosierristas
