El Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio de Gobierno, abogados y magistrados se reunieron ayer con los diputados para analizar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Análisis. Todos coincidieron en lo positivo de iniciar el debate por la reforma.
La primera reunión para analizar la propuesta de reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial fue fructífera, pero quedó la sensación de que el debate será mucho más arduo que el esperado por el oficialismo. Los diputados recibieron en la Legislatura al ministro del Superior Tribunal Mario Dei Castelli, a la ministra de Gobierno Claudia Gauto, al presidente del Colegio de Abogados Isaac Lenguaza, al presidente de la Asociación de Magistrados Viky Moreira, al presidente del Instituto de Ciencias Penales del Nordeste, Miguel Iglesias y a jueces de Oberá y Eldorado.
Todos coincidieron en considerar auspicioso que se abra un debate para encontrarle una salida a la crisis judicial, pero difieren en los caminos elegidos. Una de las críticas deslizadas por los abogados es que en la propuesta de reforma se mantiene una Corte con nueve miembros, cuando la corriente nacional se quedó en cinco.
En cuanto a la idea del oficialismo de pasar del actual sistema mixto a uno acusatorio en el que el fiscal estará a cargo de las investigaciones para evitar las nulidades por la doble instancia de investigador y juzgador que actualmente tienen los jueces, abogados y magistrados señalaron que no alcanzará solo con el cambio de sistema, sino que habrá que dotar a la Justicia de un equipo de fiscales que por lo menos triplique al actual, junto a colaboradores o una Policía judicial.
Los diputados de la oposición por su parte, aunque también tienen proyectos coincidentes con el oficialismo, sostuvieron que de nada servirá una reforma si no se vuelcan más recursos del Estado en la Justicia por cinco o diez años, para que «pueda ser eficiente».
El diputado Julio Duarte fue quien expuso el proyecto de reforma que incluye la división en salas del Superior Tribunal de Justicia, la creación de instancias previas a la judicialización, como «casas de justicia» y la evaluación del desempeño de los magistrados en una ley que se divide entre lo administrativo y lo estrictamente jurídico.
La camarista María Avelli de Lojko consideró que «la reunión fue positiva porque reclamábamos una reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial».
Uno de los pedidos de incorporación al proyecto de reforma fue que los jueces de paz sean letrados.
Por su parte, Iglesias, del Instituto de Ciencias Penales del Nordeste, consideró que algunos puntos del proyecto «miran al pasado» y no se adecuan a la realidad del país y los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina. Planteó la necesidad de contar en paralelo con una ley del Ministerio Público Fiscal que garantice el derecho de defensa en todas las instancias. «Hay que mirar la Constitución y que se respete efectivamente los derechos humanos», sostuvo el abogado.
El Colegio de Abogados festejó la iniciativa oficial, pero cuestionó severamente el ingreso de personal sin capacitación en el Poder Judicial. «Así no vamos a mejorar», dijo Lenguaza.
Cambios de última hora
El oficialismo cambió a último momento la propuesta de creación de dos tribunales de apelación en Eldorado y Oberá por el de una Cámara de Apelaciones en Posadas que sirva para todas las jurisdicciones, lo que generó el rechazo unánime de todos los presentes en la reunión de Legislación Penal.
Los abogados y los jueces coincidieron en que una Cámara de Apelaciones no daría respuestas a los atiborrados juzgados y no garantizaría la igualdad de defensa por el costo de los traslados y los engorrosos trámites. En cambio, consideraron que la creación de los tribunales descomprimiría a los juzgados del interior y garantiza la doble instancia para que las causas no deriven automáticamente en nulas a raíz del fallo de la Corte Suprema por el caso Fraticelli. Tras el cruce de opiniones, se resolvió esperar una semana más para tomar una decisión.
