Lo acordaron el Gobierno y diputados del oficialismo. Se avanzará en las reformas con el aporte de representantes del Poder Judicial. El objetivo es agilizar la prestación de justicia y evitar nulidades. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Actualmente es el juez quien investiga y condena y con la reforma, las pruebas las recogerá el fiscal[/su_note]El oficialismo avanzará en la Legislatura con una profunda reforma judicial para lograr agilizar el servicio y descomprimir los atestados juzgados.
Aunque son varios los puntos a modificar, el principal pasará por el cambio
de sistema del actual -mixto- a uno acusatorio en el que el fiscal cobre preponderancia en la instancia acusatoria y el juez se dedique únicamente a dictar sentencia.
De esta manera, se evitaría la doble instancia que genera múltiples apelaciones que hacen interminable un proceso judicial. Tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación que anuló la condena a perpetua del matrimonio Fraticelli por no haberse dado todas las garantías procesales al intervenir en una doble instancia -acusar y juzgar- los mismos magistrados, todo el sistema penal argentino entró en crisis y Misiones no fue una excepción. El Superior Tribunal de Justicia remedió la situación planteando la apelación cruzada entre juzgados, pero el trámite no deja de ser lento y engorroso.
Ayer, en una reunión de Gabinete con los diputados renovadores, se acordó avanzar en la reforma y pasar al sistema acusatorio. Para el cambio, debe modificarse toda la legislación provincial y el oficialismo buscará el consenso en el marco de la mesa de diálogo con el Poder Judicial, abogados y otros sectores.
En la Legislatura ya hay varios proyectos que apuntan a reformar el sistema judicial. Uno de ellos pertenece al diputado Julio Duarte, quien también introduce modificaciones en el funcionamiento del Superior Tribunal, los tribunales de apelación y la creación de un Defensor General. También postula que el Procurador General no pueda reemplazar a integrantes del STJ para emitir fallos en los que previamente haya emitido opinión. Duarte recordó que el sistema judicial actual viene de la época de la Dictadura, al que se le han introducido sucesivas reformas.
Mesa de diálogo
El año pasado el oficialismo en la Legislastura impulsó una mesa de diálogo con el Poder Judicial y el Ejecutivo para avanzar en reformas. Hubo avances, pero nada se concretó. Ahora parece que la intención es lograr que las reformas se plasmen en leyes en el período legislativo que se iniciará el 1 de mayo. Habría consenso para establecer un control de gestión y una evaluación permanente, que incluya la revalidación de títulos no sólo para el personal, sino para magistrados y funcionarios. Una idea es mantener la inamovilidad pero hasta los 65 años, cuando el magistrado tendría que someterse a una nueva evaluación de sus condiciones. También hay intenciones de darle mayores facultades al Consejo de la Magistratura para que pueda sancionar a jueces que cometan irregularidades, facultad hoy en manos del Jurado de Enjuiciamiento.
Dejar atrás los resabios inquisitivos
