Piquete motosierrista dejaría sin sueldo a 7.000 misioneros

Unos mil trabajadores de firmas forestales y de transporte ya fueron suspendidos por el parate generado por la protesta. Otros 6.000 correrían igual suerte de no mediar una solución al conflicto. La protesta que un grupo de unos cien motosierristas mantiene en la zona Norte hace diez días, ya privó a unos mil misioneros de su derecho a trabajar y, de persistir la medida de fuerza, llegaría a siete mil el número de empleados que no podrían cobrar su sueldo por la paralización económica generada por la huelga.

La medida de fuerza es fogoneada por el sindicato de papeleros (Soep) que pretende captar los aportes sindicales de los obreros rurales de las empresas contratistas que prestan servicios a la planta de celulosa de la compañía Alto Paraná Sociedad Anónima (APSA), a pesar que tanto la ley como el ministerio de Trabajo de la Nación prevén que esos empleados se encuadren en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre).

En el marco de esta disputa por los aportes sindicales, se mantiene cortado hace diez días el ingreso a la pastera que APSA opera en Puerto Esperanza y se paralizaron todos los trabajos de campo en el Norte de la provincia por las agresiones y amenazas de los trabajadores involucrados en la protesta.

Estas acciones obligaron a la celulósica a detener su producción por falta de materia prima, lo mismo que casi todos los aserraderos de la zona. Pero los efectos negativos no se limitaron al sector forestal, sino que ya afectaron seriamente al transporte -solo por el corte a APSA ya cayeron más de 2.000 fletes y están parados unos 500 camiones- y, de continuar la medida de fuerza, el corte de la cadena de pagos iniciado por las empresas afectadas en forma directa, desfinanciaría a un gran número de empresas de toda la provincia.

Según explicó Adrián Lerer, en representación de APSA, el lunes ya se paralizó uno de los aserraderos de la firma, ayer comenzó a detenerse la pastera de Puerto Esperanza y hoy pararía el aserradero de Piray y la planta de MDF. Confirmó que ya fueron suspendidos unos 500 trabajadores y estimó que igual suerte correrían unas siete mil personas que operan en forma directa o indirecta con APSA.

El ejecutivo consideró a la protesta como una «pelea de uno o dos dirigentes que quieren ganar la representación de un grupo de trabajadores que no les corresponde representar».

Recalcó -dato confirmado por el titular del gremio Lorenzo Barrientos- que el Soep no realizó ninguna gestión ante los organismos competentes para solicitar, por vía legal, el reencuadre gremial de los trabajadores, sino que se limita a presionar con medidas de fuerza.

Por su parte, Javier González, abogado de empresas que prestan servicio a APSA, indicó que son 80 las personas que se mantienen en la protesta y denunció que los obreros que intentaron trabajar recibieron amenazas y presiones por parte de los impulsores del reclamo.

En tanto que Rubén Obermann, presidente de la Asociación Misionera de Transporte de Cargas (Amitrac), aseguró que la actividad está parada.

Reunión

En un marco de total enfrentamiento entre las partes, la subsecretaría de Trabajo de la Provincia intentará hoy buscar una salida al conflicto, tarea que a esta altura parece poco menos que imposible ya que mientras que el pequeño grupo que adhiere al piquete reclama la representación del sindicato de papeleros, las empresas contratistas se niegan de plano a sentarse a negociar con ese gremio.

En tanto que los tiempos para una solución negociada entre las partes se agota, ya que la semana pasada la Provincia dictaminó la conciliación obligatoria, medida que fue desoida por los huelguistas que mantuvieron las medidas de fuerza, lo que obligaría a Trabajo a declarar la ilegalidad del paro.

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