Las contratistas decidieron suspender por tiempo indeterminado al personal de forestación, cosecha y transporte. Es a consecuencia del clima de violencia que se genera con aquellos trabajadores que no adhieren al piquete. La medida perjudicará a casi cinco mil personas y cinco municipios. Se estima que para el lunes la empresa Alto Paraná SA deberá también frenar la marcha de la fábrica de celulosa por desabastecimiento de materia prima e insumos. Las empresas contratistas afectadas por los piquetes realizados por un grupo de motosierristas, instigados por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Celulosa, Cartón y Papel del Alto Paraná (Soep), exigieron a las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo de Misiones una solución inmediata al conflicto, y pidieron tanto al Estado provincial como a la Justicia que tome las medidas necesarias para garantizar «nuestro derecho a transitar y trabajar».
Además, señalaron que presentaron denuncias ante la policía, las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia e incluso denuncias penales y laborales ante el juez de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, José Pablo Rivero, «pero sin embargo no hemos logrado que alguien tome cartas en el asunto».
De esta manera, los empresarios mostraron su gran preocupación dado que «el accionar del Soep y de (Lorenzo) Barrientos, presionando y amenazando a los trabajadores y a sus familias para que dejen de asistir a los lugares de trabajo y se sumen a los piquetes, se tuvieron que paralizar las operaciones forestales de Alto Paraná y otras empresas afectadas, dado que no están garantizadas las mínimas condiciones de seguridad para nosotros y nuestros trabajadores», y agregaron que «incluso nos dijeron que nos iban a prender fuego las máquinas y los camiones aunque haya gente arriba».
Por esta razón, exhortaron a las autoridades provinciales y al juez Rivero a que «determinen la ilegalidad del paro y desalojen los piquetes, porque al no poder operar el área forestal de Alto Paraná, la empresa se va a quedar sin abastecimiento, lo cual llevará a que en unos días más tengan que suspender su actividad industrial, tanto en la celulosa de Puerto Esperanza, como en los aserraderos de Puerto Piray y Bossetti».
Suspensiones
El conflicto se agrava día a día. Las contratistas decidieron suspender por tiempo indeterminado al personal de forestación, cosecha forestal, y transporte de carga, alcanzando la medida a más de cinco mil personas. Además, por el desabastecimiento que provocó el bloqueo que se inició el lunes pasado, la empresa Alto Paraná comenzó el proceso para frenar el lunes el funcionamiento de la planta de celulosa.
Las notificaciones comenzaron a enviarse ayer a los trabajadores forestales, mientras que directivos de la Asociación Misionera de Transporte de Carga también confirmaron la paralización de la actividad con presentaciones en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia a partir del lunes.
«Esta es una decisión de las empresas de servicios forestales por las amenazas que están recibiendo todos aquellos trabajadores que no adhieren al piquete. Por lo tanto, no están dadas las garantías para seguir trabajando», advirtió el representante legal de las contratistas, Javier González.
«Se trata de una suspensión temporaria sin goce de haberes, y esto paralizará toda la actividad de forestación y cosecha (cerca de 2000 personas), transporte y, finalmente, también afectará al personal directo de la fábrica de celulosa Alto Paraná, MDF en Piray y el aserrado en Bosetti», comentó el abogado.
Encuadre gremial
González, en su calidad de representante legal de Aruba SA, Servicios Forestales Walterio Kubsch;, Fleitas, Forestal SRL, Tenchuk y Zimermann, explicó los aspectos legales que infringen los motosierristas con respecto a la libertad sindical y los aportes compulsivos que exigen se descuenten a la Uatre. «Los gremios tienen ámbitos de jurisdicción, un encuadre que lo determina el Ministerio de Trabajo de la Nación que se rige por la Ley de Convenio Colectivo de Trabajo. Por ejemplo, un empleado que trabaja en un taller mecánico no puede afiliarse al gremio de salud, son actividades diferentes. Pero en el caso de los trabajadores motosierristas -que realizan una actividad forestal- no solamente no pueden afiliarse al gremio Soep, por ser netamente de la actividad industrial, sino que se encuadra dentro de una legislación totalmente diferente: la Ley Nacional de Trabajo Agrario (Nº22.248), por lo tanto, la posibilidad de estos trabajadores de afiliarse al Soep es nula», indicó el abogado.
«En la actualidad hay un solo sindicato en el país reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación para la actividad rural y es la Uatre; esto no lo deciden las empresas sino el organismo de aplicación de la legislación laboral vigente», remarcó.
Pero el representante legal del Soep, Javier Izagirre (CTA Nacional), sostiene que este gremio se adjudica la afiliación de los trabajadores porque «ellos eligieron al Sindicato; y además la Constitución Nacional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo así lo establece, dice que los trabajadores tienen derecho a organizarse en defensa de sus propios intereses y derechos. Partiendo de esta base, los trabajadores, ejerciendo estos derechos constitucionales, eligieron al Soep».
Por otra parte, admitió que como sindicato nunca plantearon un conflicto intersindical ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y que desconocen que la Uatre lo haya impulsado, por lo tanto, «no existe un conflicto por encuadre gremial», dijo Izaguirre.
«Las empresas se anticipan pensando que existe este conflicto y eligen a la Uatre, pero los trabajadores no están afiliados y tampoco manifestaron expresamente su voluntad de pertenecer a este gremio. Con lo cual se habla de renunciar a la afiliación, y no hay ningún tipo de renuncia, por el contrario, hay ratificación de estar afiliado al Soep. Por todo esto, nos presentamos con la legítima representación de los trabajadores», explicó el asesor jurídico de la CTA.
Libertad sindical
Al respecto, el abogado de las contratistas refutó que los motosierristas puedan afiliarse al Soep; como también que pueden impedir que se realice el aporte sindical a la Uatre, dado que es el gremio que por Ley de Trabajo Agrario se indica que corresponde el encuadre de la actividad forestal que realizan estos trabajadores. «El aporte es obligatorio por ley, además, este aporte, que ellos dicen es compulsivo, está ratificado en el convenio que se firmó en septiembre de 2006 entre las autoridades de Trabajo, Uatre, las Emsefor y Alto Paraná SA con el objetivo de lograr aumentar en un 40% el piso de la escala salarial del personal de la actividad forestal, del resto de Misiones. Y para beneficiar a los trabajadores con este 40% en el sueldo, la exigencia que puso la Uatre fue que se aporte al gremio, independientemente que se afilien o no. Y esto pasa también en otros sindicatos, sea comercio, camionero, etcétera», explicó Gonzáles. «Con estos elementos el SOEP no tiene ninguna posibilidad de representar trabajadores que están en un ámbito de actuación rural. Esto excede legalmente al gremio», agregó.
Sin embargo, Izaguirre interpreta que «el reclamo se basa en el ejercicio del derecho de libertad sindical, donde el trabajador se puede afiliar al gremio que quiera», aunque, por su parte, González refutó esta posibilidad. «La ley es clara en esto, el único organismo que tiene facultad de definir el encuadre es el Ministerio de Trabajo de la Nación y hay que aclarar que el Soep jamás inicio un tramite de encuadre sindical ante el organismo nacional», insistió en diálogo con ArgentinaForestal.com.
El abogado de las contratistas señaló que «este gremio se maneja de la misma manera que la confederación que los representa, ya que el Central de Trabajadores Argentinos (CTA) hasta el día de hoy no tiene reconocimiento a nivel nacional tampoco, y esto debe quedar claro. Sólo lo tiene la Confederación General del Trabajo (CGT) y no la CTA, con lo cual, ellos pregonan la libertad sindical pero pertenecen a un gremio que tampoco es reconocido en la órbita nacional».
De esta manera, el abogado lamentó la instancia en la que llegó el conflicto, y aseguró que «no es por intransigencia de las contratistas sino de los que promueven el piquete que insisten sentarse en la mesa de conciliación con la representación ilegítima de un gremio. Los motosierristas exigen sentarse a negociar con Barrientos del Soep, y este no es un punto negociable para nosotros, porque no se ajusta a derecho en el marco de la ley laboral vigente que rige para estos trabajadores», ratificó.
De esta manera, consideró que «el conflicto no se basa en un reclamo laboral, sino que es una puja gremial por la caja del Soep y, lo más grave, es que perjudica a toda la cadena forestal. En este país se ha instalado la cultura del piquete, y cuando la gente corta la ruta, de alguna manera se lo premia. En algún momento, si queremos convertirnos en un país serio, esto se tendrá que terminar y las instituciones y las leyes deberán ser respetadas», concluyó.
Puntos de conflicto
Por su parte, en diálogo con este medio, Javier Izaguirre insistió en los puntos prioritarios de reclamo de los trabajadores para avanzar en la negociación:
1-Piden que suspendan los descuentos compulsivos de la cuota sindical a la Uatre y se devuelva todo el dinero descontado «indebidamente» a los trabajadores.
2- Exigen que acepten la presencia de los delegados del Soep en la negociación
3- Exigen que se reincorpore a los trabajadores que fueron despedidos en el conflicto.»Esta es una manifestación de la mala voluntad de los empresarios, porque no acata la conciliación obligatoria y mantienen los despidos. Las Emsefor, si actuaran conforme a la ley debiera reincorporar a los trabajadores hasta que termine el periodo de conciliación obligatoria y no lo esta respetando».
También Izaguirre explicó que «los motosierristas abrieron canales informales de negociación para ceder en las medidas de fuerza, como por ejemplo, levantar por dos horas el paso de la ruta; pero estamos dispuesto a ceder en eso si también las empresas reconocen al Soep como presentes en las negociaciones», un punto que está claro no es negociable para las empresas.
Ante este escenario, y con un próximo encuentro recién el miércoles para la segunda mediación que lleva adelante la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia; las medidas de fuerza continuarán y, por lo tanto, se producirá un grave perjuicio económico y social a la provincia con la paralización de la actividad y la suspensión de miles de fuentes de trabajo.
El conflicto se agrava y las empresas cuestionan la inacción del gobierno
