En Puerto Esperanza, las empresas contratistas afectadas por los piquetes realizados por un grupo de motosierristas, instigados por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Celulosa, Cartón y Papel del Alto Paraná (Soep), exigieron a las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo de Misiones una solución inmediata al conflicto, y pidieron tanto al Estado provincial como a la Justicia que tome las medidas necesarias para garantizar «nuestro derecho a transitar y trabajar». Voceros de los contratistas señalaron que presentaron denuncias ante la policía, las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia e incluso denuncias penales y laborales ante el juez de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, José Pablo Rivero, «pero sin embargo no hemos logrado que alguien tome cartas en el asunto».
De esta manera, los empresarios mostraron su gran preocupación dado que «el accionar del Soep y de (Lorenzo) Barrientos, presionando y amenazando a los trabajadores y a sus familias para que dejen de asistir a los lugares de trabajo y se sumen a los piquetes, se tuvieron que paralizar las operaciones forestales de Alto Paraná y otras empresas afectadas, dado que no están garantizadas las mínimas condiciones de seguridad para nosotros y nuestros trabajadores», y agregaron que «incluso nos dijeron que nos iban a prender fuego las máquinas y los camiones aunque haya gente arriba».
Por esta razón, exhortaron a las autoridades provinciales y al juez Rivero a que «determinen la ilegalidad del paro y desalojen los piquetes, porque al no poder operar el área forestal de Alto Paraná, la empresa se va a quedar sin abastecimiento, lo cual llevará a que en unos días más tengan que suspender su actividad industrial, tanto en la celulosa de Puerto Esperanza, como en los aserraderos de Puerto Piray y Bossetti».
Si se diera esta situación, el panorama para la provincia sería más grave aún «dado que cientos de contratistas quedaríamos sin posibilidad de trabajar afectando a más de 1500 empleados, es decir, más de 1500 familias todas de nuestra zona que perderían su fuente laboral por un grupo de no más de 60 piqueteros».
«Esto está cada vez peor, ya no podemos contener a nuestros empleados, son más de mil personas que quieren ir a trabajar y no pueden por culpa de los piquetes y temor a las amenazas del Soep, pero cada día que pasa están más irritados porque ven como por un puñado de personas ellos se quedan sin su jornal, y si las autoridades de aplicación no actúan, podríamos lamentar serios enfrentamientos que no sabemos en qué pueden terminar», dijeron alarmados los contratistas luego de una reunión en la que pidieron urgente intervención a los funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo y sanciones al Soep y a los miembros de su comisión directiva.
Contradicciones en las autoridades
En ese sentido sostuvieron que «las mismas autoridades provinciales reconocieron en los medios que se trata de un paro y de una acción ilegal impulsada por Barrientos y el Soep, sin embargo los piquetes continúan, y eso no lo logramos entender, cómo una autoridad que debe hacer cumplir la ley reconoce que hay gente obrando en forma ilícita y no toma las medidas pertinentes».
El conflicto se inició el lunes pasado cuando 60 motosierristas de empresas contratistas de APSA, Lipsia, Toll, Pindó y Yací Yateré, cortaron el acceso a la planta de Celulosa en Esperanza y otros caminos estratégicos en la misma localidad, en reclamo de que se defina la cuestión de encuadramiento sindical, por la cual piden que se pase su afiliación de UATRE al Soep, cuestión que sólo puede definir el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Asimismo, las empresas contratistas manifestaron su indignación al señalar que «el miércoles la Provincia dictó la Conciliación Obligatoria, por la cual se establece una medida de no innovar que obliga a las partes a retrotraer la situación al momento anterior al conflicto, y esto fue notificado tanto a nosotros como a los trabajadores que están en el piquete, quienes debían suspender la medida de fuerza y regresar a sus puestos de trabajo».
«Sin embargo, no sólo continúan los piquetes, sino que los motosierristas en huelga no se presentaron a cumplir con sus tareas habituales, desconociendo de esta manera la disposición del gobierno», y agregaron que «esto demuestra que no hay respeto por la ley y mal desempeño de las funciones por parte de los funcionarios públicos».
«Hemos presentado denuncias penales, con las pruebas y documentación correspondiente, contra el Soep y algunos de los piqueteros, de los cuales hay un grupito que permanentemente recorriendo en motos los terrenos y donde ven gente trabajando se movilizan con palos y otros objetos para presionar a los trabajadores a cesar en sus tareas, cometiendo los delitos de usurpación e intimidación al personal, y pese a que las denuncias ya fueron presentadas, estos individuos se mueven con total impunidad».
Situación inexplicable
Por su parte, desde la Subsecretaría de Trabajo de la provincia reconocieron recientemente en los medios que la medida adoptada por el Soep y su titular Barrientos es «ilegal» y que el reclamo «no tiene que ver con las empresas, los trabajadores ni las autoridades provinciales», lo que desconcertó aún más a los contratistas, quienes manifestaron no entender «por qué no se actúa sobre el conflicto para garantizar el derecho constitucional a trabajar y poder circular libremente, la medida ya tendría que haber sido decretada ilegal, pero todavía nos estamos perjudicando todos ante la pasividad de las autoridades de aplicación».
«Hay más de 1.500 trabajadores que a diferencia de los 60 piqueteros están conformes con su situación laboral y el cumplimiento del convenio 62/2006, y que quieren seguir trabajando con normalidad y no tienen ninguna pretensión de encuadre gremial, sino que les preocupa como un grupo de piqueteros pueden poner en riesgo su integridad física, la de sus familias y sus fuentes de trabajo. La situación está tensa y si las autoridades no resuelven en forma inmediata, el conflicto puede tomar dimensiones impensadas, hay que recordar que además hay otros miles de trabajadores de las empresas de transportes, proveedores y clientes que están afectados y que tampoco se quedarán de brazos cruzados».
