En todo el país la última devaluación desató una crisis insostenible en la actualidad. En Misiones, tuvo graves efectos y obligó a muchos establecimientos del sector a cerrar sus puertas. Aranceles insuficientes y cuantiosas deudas de las obras sociales pueden incidir en la calidad de los servicios. A través de un comunicado de prensa se asegura que el sector privado de la salud viene enfrentando una graves crisis cuyos orígenes se remontan a la época de la última devaluación monetaria.
Esta situación determinó que las clínicas y sanatorios de todo el país debieran afrontar los costos de las prestaciones, hecho que generó en su momento, una deuda de más de 3.100 millones de pesos de todas las obras sociales con el sector.
A ello deben sumarse abultados endeudamientos impositivos, atrasos en el pago de salarios y serias dificultades para sostener las prestaciones de servicios médicos, cuya calidad se mantuvo inalterable, aún a costa de los razonables márgenes de rentabilidad de las empresas involucradas en la actividad.
El efecto de la crisis golpeó implacablemente en muchos de los casi 9 mil establecimientos asistenciales con y sin internación de la Argentina, especialmente a aquellos cuyos principales ingresos provenían del PAMI y de otras obra sociales a las que brindan servicios, al extremo de verse obligados a cerrar sus puertas.
A modo de ejemplos palpables en el orden local cabe citar los casos de los sanatorios Misiones, Modelo, Lavalle, Instituto del Diagnóstico y del Policlínico de la Ciudad. Estos establecimientos, al igual que otros de San José, Oberá, Eldorado, Puerto Rico y Jardín América, cesaron sus actividades debido, precisamente, a la situación planteada.
Como resultado, se produjo un notorio déficit de camas para internación y en los servicios de atención, que se agudiza paulatinamente a medida que aumenta la demanda.
El impacto social fue igualmente devastador: miles de trabajadores de la salud quedaron sin su fuente laboral, en momentos en que el Gobierno declama supuestas mermas en la tasa de desempleo.
Por la misma razón muchos médicos han empeorado sus condiciones profesionales a raíz de las sustantivas mermas en sus ingresos por el cobro de aranceles insuficientes.
En la actualidad, si bien se alcanzaron algunas reivindicaciones, el panorama sigue siendo poco alentador.
Mediante gestiones encaradas desde la Confederación de Clínicas y Sanatorios en el nivel nacional se han logrado acuerdos razonables con las organizaciones gremiales respecto de la cuestión salarial. De cualquier manera, las empresas de salud se verán obligadas a recurrir a créditos u otras formas de financiación para hacer frente a las erogaciones que demandan los aumentos.
En contraposición a esta realidad, las obras sociales han concedido leves aumentos arancelarios que resultan insuficientes para satisfacer los mayores costos de los prestadores.
Recientemente, la Superintendencia de Servicios de Salud aprobó un acuerdo que establece un aumento del 20 por ciento para los valores de las prestaciones médicas a partir del 1º de enero del 2007. Sin embargo la decisión no han encontrado todavía una respuesta positiva por parte de las financiadoras del sistema, con el agravante de que al concretarse el incremento se haría efectivo en los próximos 60 o 90 días a partir de entonces, en tanto que las obligaciones de los establecimientos asistenciales salarios, impuestos e insumos- tienen plazos fijos de vencimiento.
Situación provincial
En el orden provincial la situación los prestadores privados de salud reclaman «las adecuaciones, resulta llamativo que la negativa se prolongue en el tiempo, cuando la obra social de los empleados públicos provinciales con un padrón de más de 140 mil afiliados- cuenta con información precisa de que los índices de atención médica se duplicaron en los últimos cinco años y existe una creciente demanda de nuevas prestaciones».
Por lo que consideran » imperioso, a la luz de estos antecedentes, que el IPS ajuste los valores arancelarios a los gastos que las prestaciones exigen a los efectores, que en ningún momento han trasladado estos desfases a la calidad del servicio médico».
En el mismo comunicado de prensa se sostiene que el sector privado de la salud de Misiones ha efectuado sustantivas inversiones en tecnología, infraestructura y capacitación profesional a fin de optimizar las prestaciones y ponerlas a la altura de los mejores centros especializados del país.
Por otra parte, señalan que es una de las actividades que genera mano de obra intensiva en la provincia y aporta al fisco los impuestos correspondientes, a pesar de lo cual sus inquietudes y reclamos no parecen merecer la atención debida por parte de los funcionarios del gobierno, que esos dineros contribuyen a sostener.
Estimaron de cualquier manera deseable que estos reclamos del sector privado encuentren eco en los estamentos oficiales competentes. De esa manera podrá continuar con su rol tradicional de participación en la atención de la salud de la población misionera, perfeccionando sus recursos humanos y tecnológicos.
