Diputados del PJ rechazan aumentos en agua y luz sin audiencia pública

Diputados provinciales del PJ rechazaron hoy, mediante un proyecto de declaración, cualquier aumento en las tarifas de agua potable y energía eléctrica que se pueda autorizar a las prestatarias SAMSA y EMSA, respectivamente a partir de febrero. Con la firma de los diputados Blanca Acosta y Ricardo Biazzi (PJ), junto a Armando Ripoll (FJPV), el proyecto presentado en la jornada de hoy pide que la Legislatura manifieste su «rechazo a cualquier incremento en las tarifas por servicio de agua potable y cloacas como de energía eléctrica que se dispongan en la provincia, sin previa intervención en audiencia pública de organizaciones de usuarios y consumidores, representantes del pueblo, entidades vecinales y usuarios afectados por el mismo y previa normalización de los servicios públicos mencionados».

Asimismo, los legisladores de la oposición expresaron su «preocupación por las renegociaciones que el Poder Ejecutivo efectiviza con los titulares de las empresas prestadoras de servicios básicos, sin la difusión de los alcances de los acuerdos que afectan a la población en general».

«Sorpresivamente, el titular del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC), Guillermo Manfredi, anunció que mediante un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa SAMSA se incrementará a partir de febrero la tarifa del servicio de agua potable en la ciudad de Posadas y Garupa. Una boleta de consumo básico (que ahora es de un poco más de 16 pesos) tendrá un incremento de unos 4,50 pesos en febrero y de 5 pesos en abril. Es decir un 60% de incremento sufrirá el servicio elemental de agua potable y cloacas, al cual muchos hoy no pueden acceder por no contar con los recursos económicos suficientes y menos aún podrán hacerlo en adelante», dicen los fundamentos de la iniciativa.

«Mientras el servicio de agua potable se incrementa, populosos barrios ubicados en diversos puntos de la ciudad Capital -que concentra el 30% de la población misionera-, aún pagando al día el servicio de agua potable, debe padecer el incumplimiento de las prestaciones. Basta con recorrer las chacras 32-33 del Barrio Cristo Rey, las chacras 148 y 149 de Villa Cabello, la chacra 160 o Itaembé Miní para escuchar las constantes quejas de los vecinos porque no tienen una gota de agua durante las jornadas de intenso calor que se registran por estos días», reclamaron Acosta, Biazzi y Ripoll.

«Dicho acuerdo entre Ejecutivo y SAMSA, luego de las continuas amenazas del Gobernador de estatizar la empresa privatizada, no hace más que perjudicar a los usuarios que sin agua potable, sin incrementos salariales ni obras de agua potable que traigan soluciones a corto plazo, deberán pagar un 60% de aumento en las tarifas», advirtieron.

Además, señalan que ha sido el secretario general y de coordinación de Gabinete, Jorge Franco, quien no descartó utilizar lo que denominó «un mecanismo solidario» utilizado en la negociación con SAMSA, con la empresa de energía eléctrica EMSA.

«Es decir que el Poder Ejecutivo realiza las negociaciones, hace los anuncios públicos, pero no da intervención ni participación a éste Poder Legislativo (en el tiene el oficialismo la mayoría), a organizaciones defensoras de derechos de usuarios y consumidores que hubieran podido expresar el rechazo a dichos aumentos en el contexto actual de la prestación del servicio de agua potable», denunciaron.

«La población, con el derecho que la asiste a informarse debidamente, debe enterarse de los aumentos (del 60% como en este caso) por trascendidos periodísticos o funcionarios que tibiamente van admitiendo lo peor. El gobierno provincial no fue capaz ni siquiera de convocar a una audiencia pública en la cual los usuarios y consumidores, las asociaciones vecinales, concejales, diputados, entre otros hayan podido reflexionar sobre el significado actual para los bolsillos de los usuarios pagar un 60% de aumento».

«Aquí, solo parecen tenerse en cuenta los intereses del Ejecutivo (beneficiada con el retiro por parte de la prestataria de la denuncia en su contra presentada en la Nación) y SAMSA (que verá incrementadas sus arcas con este importante aumento). Para el pueblo, siguen los anuncios de las obras de agua y cloacas que no se concretan, que postergan aún más a la población de escasos recursos, que generan mayor desazón a quienes con la tarifa actual ven incrementada cada vez su deuda con SAMSA y cada vez más lejos la continuidad del agua potable en el tanque de su casa», se quejaron los diputados del PJ.

«Y, de confirmar el incremento también en la energía eléctrica, nuevamente los usuarios que sufren diariamente los cortes de luz (aunque se insiste en que no hay crisis energética) seguirán sumando deudas por servicios de baja calidad, caros, a pesar de sufrir además las consecuencias de una represa hidroeléctrica a 80 km de la ciudad que -en lugar de beneficiar a la población afectada-, pareciera generarle más perjuicios también en su economía cotidiana», advirtieron Acosta, Biazzi y Ripoll.

Finalizaron afirmando que «Ni el agua potable ni la energía son un lujo. Tal vez, con medidas como las que se siguen adoptando desde el Poder Ejecutivo Provincial, lo sean a futuro».

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