Es cada día más difícil la convivencia entre el vecindario y los integrantes de la comunidad gitana, en la zona de la intersección de las avenidas Quaranta y Santa Catalina, de Posadas, tras el crimen de uno de los zíngaros a manos de un comerciante, el pasado 30 de diciembre.
Ese hecho actuó como detonante de una situación que, desde entonces y casi a diario, revela aristas desconocidas de la relación entre los vecinos y los gitanos, quienes intercambias insultos y amenazas, hasta de muerte.
Hace pocos días, una hija del comerciante que baleó a un gitano y lo mató tras una discusión, denunció que fue amenazada de muerte por los gitanos quienes, incluso, le habrían advertido de sus propósitos de incendiar su casa, según dijo.
Silvia Altamirano relató que el sábado pasado al mediodía concurrió al inmueble junto a su madre y un abogado en busca de algunas pertenencias. En esas circunstancias, una media docena de gitanos se acercaron y les profirieron amenazas.
Ahora los vecinos del comerciante Antonio Altamirano, detenido por matar al gitano y herir a otro, tienen previsto reunirse hoy con el juez de la causa, Horacio Enrique Gallardo, a fin de interiorizarlo acerca de las dificultades que afronta tras el suceso que conmovió a la zona.
Al parecer, los vecinos intentará trasmitir al magistrado sus preocupaciones acerca del comportamiento de los gitanos y las dificultades que afronta la relación comunitaria dada su agresividad y escaso apego a las normas de convivencia.
En tanto, se supo que Gallardo habría ordenado una serie de medidas en el expediente para profundizar la investigación referida a los sucesos que el pasado 30 de diciembre derivó en la muerte de uno de los gitanos y en la internación por heridas de bala de otro.
Por ahora trascendió que las declaraciones que los testigos realizaron ante la Policía ingresaron en la etapa judicial, en tanto se dispuso la elaboración de un informe socioambiental del imputado y una pericia psicológica para tener detalles sobre su personalidad.
