Las negociaciones con el Gobierno llegaron a buen puerto y la concesionaria seguirá prestando el servicio. Habrá una actualización tarifaria que alcanzaría al 40 por ciento para grandes consumidores Finalmente, el Gobierno y la prestataria de agua y cloacas en Posadas y Garupá, Servicios de Aguas Misioneras SA (Samsa), llegaron a un acuerdo y la firma de capitales españoles seguirá operando en Misiones. El Gobierno admitirá la actualización tarifaria que alcanzaría al 40 por ciento en varias etapas y sin alcanzar a los consumidores de bajos recursos.
El acuerdo que se anunciaría oficialmente en los próximos días, incluye que la empresa debe abandonar el reclamo por actualización tarifaria que hizo ante la Nación y mantener el ritmo de obras para ampliar la red de agua potable en la zona capital.
El Gobierno a cambio admitirá la revisión de la tarifa que podría actualizarse un 25 por ciento en febrero, hasta alcanzar el 40 en varias etapas, la mitad de lo que la empresa comenzó a reclamar desde hace tiempo, tras la caída de la Convertibilidad y la devaluación del peso, lo que elevó los costos con una tarifa congelada.
Según fuentes oficiales, el acuerdo implica que los pequeños usuarios o aquellos de bajos recursos, no sufran subas en el servicio. El Gobierno también podría subsidiar parte de la tarifa para los de menores recursos.
La actualización tarifaria le permitirá a la empresa otorgar los aumentos salariales reclamados por los empleados, que, empujados por el Sindicato de Obras Públicas, que conduce el diputado justicialista Adrián Bernal, pusieron en jaque el servicio durante el mes pasado. La empresa ya había presentado un pedido de rescisión del contrato que la vinculaba a la Provincia por 30 años, porque tras la devaluación, las tarifas no cerraban.
El Gobierno había rechazado de plano el planteo de un aumento del 80 por ciento, como pidió Samsa, pero ahora admitió la posibilidad de un incremento, que no supere el 40 por ciento, según fuentes oficiales. Incluso, el propio gobernador dijo que si era necesario, se iba a romper el contrato, ya que hubo varios incumplimientos de la empresa.
Pero en el Gobierno, pesó más la idea de que el servicio no podía pasar momentos de zozobra en pleno verano, cuando el consumo es mayor y una reestatización podría ser un proceso traumático. El acuerdo entre el Gobierno y Samsa coincide con una actualización tarifaria concedida por la Nación a las empresas eléctricas que también acordaron cesar sus reclamos contra el Estado.
Tensas relaciones
La empresa ya presentó un escrito ante la Procuraduría de la Nación, como instancia previa al CIADI (Tribunal Arbitral Internacional del Banco Mundial para dirimir diferendos de inversiones) con un pedido de resarcimiento, que el Estado no está dispuesto a reconocer, ya que se hizo cargo de inversiones que debería haber afrontado la empresa con créditos del Banco Mundial. El Gobierno rechazó el pedido de rescisión del contrato que hizo la prestataria del servicio aduciendo no poder atender los reclamos salariales. A Samsa todavía le quedan 23 años de contrato. Para el Gobierno, si había una rescisión unilateral, «será por culpa de la concesionaria». La relación entre la empresa de capitales españoles y el Gobierno provincial iniciada hace siete años, hace tiempo había dejado de ser amistosa, pero ahora parece reencauzarse.
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