Denuncian avance de intrusión en propiedades privadas de la Reserva de Yabotí

Lo confirmó el intendente de San Pedro, Orlando Wolfart. La denuncia fue realizada por propietarios de lotes ante la policía local el fin de semana. El jefe comunal teme por el futuro del área natural de alto valor ambiental, declarada Patrimonio de la Humanidad. Exige mayor apoyo del Estado provincial para atender la extrema pobreza que castiga al municipio y que se posiciona como la principal amenaza sobre los recursos naturales de la Biosfera. El pasado fin de semana, propietarios de tierras de la Reserva de Biosfera Yabotí denunciaron ante la policía local de San Pedro la intrusión en lotes privados de colonos e hijos de agricultores de la zona.

La gravedad del tema radica en que se trata de una de las áreas de mayor valor ambiental de la provincia y del mundo. Fue creada por Ley provincial 3041 con el objetivo de conservación y uso sustentable de los recursos naturales. La superficie total es 250 mil hectáreas, compartida por los departamentos de San Pedro y Guaraní, comprendiendo los municipios de San Pedro y El Soberbio. Está constituida por 119 lotes, en su mayoría por propiedad privada.

Desde 1995 es parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO, declarada Patrimonio de la Humanidad. Yabotí abarca los ecosistemas de la Pluviselva Subtropical y comprende Áreas Naturales Protegidas preexistentes. Se encuentra ubicada en la Zona Norte de la provincia, sobre el Río Uruguay, separada del Parque do Turbo en Brasil, una de las zonas núcleo de la Reserva de Biosfera de la Mata Atlántica del país brasileño.

La denuncia por intrusión fue confirmada por el intendente de la localidad de San Pedro, Orlando Wolfart, quien en la entrevista con ArgentinaForestal.com se refirió a las debilidades en la política ambiental del gobierno provincial, ante la falta de respuesta a la demanda social del municipio.

«El avance de la intrusión en la Reserva de Yabotí es un tema de gravedad ambiental y jurídica, pero también es consecuencia de una política social y ambiental insuficiente, un Plan de Manejo inadecuado en la zona y de falta de apoyo del Estado provincial», señaló el jefe comunal.

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Ecología, propuso la puesta en marcha el Comité de Gestión de Reserva de Biosfera Yabotí, ámbito institucional para abordar las distintas acciones y políticas estratégicas que permitan avanzar en un programa definitivo para el control, conservación y aprovechamiento sustentable del área. Sin embargo, para Wolfart «el Comité no generó ni soluciones ni avances».

«San Pedro cuenta con 153 mil hectáreas de las 250 mil de la superficie total de la reserva, pero sufre una pobreza extrema. Y si no se genera trabajo los colonos avanzarán sobre las tierras», advirtió el intendente.

«La conservación no sirve si no es acompañada con medidas que atiendan el aspecto económico y social de la comunidad. La reserva debe dar rédito a la comunidad, al municipio y a la gente que lo habita», subrayó el intendente.

Deuda provincial

Por otra parte, San Pedro debe recibir fondos provinciales en concepto de resarcimiento económico en la coparticipación del municipio, según la Ley Nº3041 por medio de la cual el gobierno provincial estableció beneficios para los propietarios comprendidos en la Reserva con exención del pago del impuestos y tasas municipales; pero el intendente confirmó que «a la fecha la Provincia arrastra una deuda desde el año 2003 y asciende a más de 500 mil pesos. Pero no hay decisión política de saldar la deuda con el municipio, hace meses que dicen que hay un decreto a la firma del gobernador, pero nunca firma. Entonces, el esfuerzo de conservar, sin recaudar, de la Reserva recae solamente por San Pedro», dijo.

Para Wolfart, «que impidan por ley cobrar las tasas municipales por inmuebles; y por otra lado exijan la conservación del área sin asignar los recursos que por ley corresponden, es en la actualidad insostenible».

«La provincia no cumple en el resarcimiento económico por la conservación de Yabotí. Se habla del valor ambiental y de los incentivos económicos pero los mismos no se cumplen y mi temor es que esta zona se convierta en otro «Pozo Azul», en la medida que el valor ambiental no sea acompañado con la generación de trabajo en la zona. La reserva necesita de otro Plan de Manejo, uno que realmente atienda la realidad local y que, además de conservar o explotar en sustentable el bosque, genere trabajo y bienestar a la comunidad; y esto hace más de 14 años que no se da en el municipio», dijo en referencia a la fecha de creación de la Ley de Biosfera.

Para el intendente, los incentivos económicos que se promueven para los propietarios no serán una alternativa de conservación, y en este sentido advirtió que «los fondos irán a parar a Buenos Aires donde residen los dueños de las tierras y nada quedará para la gente de la comunidad. Se debe tener en cuenta la problemática local, la falta de trabajo y la pobreza extrema que se vive en el municipio no se solucionará con incentivos a los propietarios, sino con políticas que integren la realidad local. La reserva de Biosfera de Yabotí esta en serio riesgo. La denuncia por intrusión, que realizaron en propiedades privadas, son colonos e hijos de agricultores, es gente de la zona que no tiene donde vivir y mi temor es que esto se convierta en otro Pozo Azul. Pero tampoco podemos conservar el monte a costa de la pobreza», remarcó el jefe comunal.

Fin del Corredor Verde en San Pedro

Paralelamente a la problemática de la Reserva de Biosfera de Yabotí, el intendente Orlando Wolfart también se refirió a la situación de la zona del Corredor de Verde, dado que promulgó la ordenanza que fue aprobada en diciembre por el Consejo Deliberante de San Pedro, que deroga la adhesión a la Ley Nº 3631 Corredor Verde.

Los fundamentos: «la ley se aprobó hace 7 años (1999) pero no se cumplió nunca», dijo.

«La norma establecía un tope al municipio para el cobro de la tasas a grandes propiedades de un promedio de 2 dólares, pero los costos han sufrido un incremento mucho mayor después del 2001», explicó.

Además, debían instrumentar el Fondo Ecológico de Coparticipación Especial (FECE), por medio del cual destinarían el 1% de todos los impuestos recaudados a nivel provincial incluidos en el régimen de la Ley Nº 2535; y también contemplaría la creación de mecanismos de compensación por servicios ambientales que prestan los bosques que se establezcan en el futuro; créditos provinciales, nacionales e internacionales; aportes y contribuciones especiales; legados y donaciones. Pero nada de esto ocurrió, por lo tanto, es un impedimento para generar mínimos ingresos a la comuna y así impulsar alternativas de desarrollo», explicó el jefe comunal.

En diciembre de 1999, la Honorable Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones sancionó por unanimidad la ley del Corredor Verde de Misiones, la cual fue reconocida por numerosos organismos nacionales e internacionales como un icono de la integración entre conservación y desarrollo. La ley preveía los mecanismos financieros para que los Municipios que conforman el Corredor destinaran fondos a incentivar programas de desarrollo rural sustentable, fomentar el turismo ecológico, restaurar el monte natural y realizar una gestión ambiental de sus municipios.

La superficie total del Departamento de San Pedro se vería «beneficiada» por la normativa si la misma estuviera efectivamente en vigencia; pero el FECE nunca se reglamentó y para elevar la tasa municipal decidieron «desadherirse» a la normativa, después de muchísimos reclamos en cámara de diputados y ante el Ministerio de Ecología. «El responsable de Corredor Verde del Ministerio de Ecología nunca dio ninguna respuesta, la ley nunca se aplicó, es una norma que solo figura en los papeles, sólo fue creada para ser exhibida ante los organismo internacionales pero que no beneficia a la comunidad. La situación de riesgo ambiental es la misma de siempre en San Pedro, con o sin la ley de Corredor Verde. No nos pueden culpar a nosotros de no cuidar los recursos de la reserva si tampoco la Provincia ayuda económicamente para su conservación, no cumplen con las leyes vigentes y, a su vez, nos impiden generar recursos económicos».

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