Ley Bonasso: Diputados postergan el debate para incorporar modificaciones al proyecto

Pasaron al 2007 el tratamiento de la Ley de Presupuesto Mínimo de Bosques Nativos. Los representantes de las provincias de Misiones, Formosa, Salta, entre otras, fueron los que plantearon la necesidad de incorporar profundas modificaciones a la Ley , relacionadas al orden constitucional y también sobre algunos conceptos que consideran “poco claros” en sus articulados.

Fabiola Bianco cuestionó el proyecto de Bonasso.

Fabiola Bianco cuestionó el proyecto de Bonasso.

En la sesión de ayer en el Congreso Nacional los diputados desistieron de tratar la Ley de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental para los Bosques Nativos, por falta de consenso.

Los representantes de las provincias de Misiones, Formosa, Salta, entre otras, fueron los que plantearon la necesidad de incorporar profundas modificaciones a la Ley, relacionadas al orden constitucional y también sobre algunos conceptos que consideran “poco claros” en sus articulados.

El proyecto es impulsado el diputado kirchnerista Miguel Bonasso, que ya tiene la aprobación general, pero ayer se debía votar en particular los controvertidos articulados.

La Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines había solicitado también la postergación del debate a fin de que sea analizado y discutido en conjunto con los sectores involucrados, principalmente en foresto-industrial que “en ningún momento fue consultado”.

Desde el sector privado rechazan el proyecto dado que “integra un conjunto de objetivos pero no desarrolla los instrumentos de políticas activas, económicas y productivas que permitan cumplirlos, transformándose en un claro avasallamiento de los derechos de los estados provinciales con relación al manejo y regulación de sus recursos naturales”.

Por otra parte, la diputada nacional Fabiola Bianco (Misiones-FR) aclaró que “no se está dilatando el tratamiento del proyecto, se está profundizando aspectos que son poco claros y algunos hasta inadmisibles de sus articulados”, dijo.

“Los representantes de las principales provincias afectadas, caso Misiones, Formosa, o Salta, decidimos no tratar el proyecto en la sesión por la falta de consenso en los términos y fundamentos que actualmente están planteados. La ley de Presupuesto Mínimo necesita algunas modificaciones y es lo que se está discutiendo con las provincias”, agregó.

Con respecto al proyecto, la legisladora aclaró que “Misiones no se opone a que se impulse la ley, todo lo contrario, estamos de acuerdo en la necesidad de que se establezca la norma pero no en sus articulados, donde se plantean conflictos del orden constitucional y otros conceptos que son inadmisibles y que hay que profundizar”.

Representantes de las provincias de Misiones, Formosa y Salta estuvieron reunidos el martes con las máximas autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, adelantando la posición que llevarían al recinto y que mantendrán “hasta que no se profundicen aspectos pocos claros, ambiguos y controvertidos de los articulados del proyecto de Ley de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental para los Bosques Nativos”.

Bianco manifestó que Misiones pidió que se agregue específicamente que “si se pretende declarar la emergencia forestal, se aclare en un artículo que será por adhesión de cada provincia, como el sistema constitucional lo establece. Por otro lado, el ministro de Ecología Luis Jacobo fue el primero que planteó ante la Nación la necesidad de incorporar el aspecto del valor ambiental y del incentivo económico, que seria en realidad un fondo de reparación para apoyar al propietario a conservar; aspecto que en la ley no está o se menciona este punto muy livianamente, como una intención. Sin embargo, leí la entrevista publicada ayer en Misiones On Line al subscretario de Ordenamiento Ambiental (Miguel Pellerano) y realmente confunde, el funcionario dice que la Ley permitirá justamente todo lo que no esta en claro y especificado en ninguno de los articulados de la ley en relación al incentivo económico que se instrumentara, de que manera y demás”, objetó la legisladora.

Ante este escenario, consideró que “lo mejor es que se analice en profundidad la norma y en el tiempo que sea necesario para lograr los cambios en una Ley de Presupuesto Mínimo con reglas y conceptos bien claros y específicos”, concluyó la legisladora misionera.

Puntos críticos y conflictivos

Por otra parte, la actividad foresto-industrial nacional realizó algunas observaciones sobre los articulados del Proyecto y consideró algunos puntos “conflictivos y críticos” que contempla la norma:

1)El proyecto plantea objetivos, pero no especifica los instrumentos de políticas activas, económicas y productivas que permitan cumplir los mismos. Tal es el caso de la incorporación del inciso g) en el Artículo 8. Este concepto debe expresarse con más fuerza, ya que es la herramienta fundamental para que en el caso de la foresto-industria se busquen incentivos antes de que meras prohibiciones. Resumiendo, hay que reforzar la idea de que en vez de prohibir se planteen alternativas de incentivos para mantener el bosque, donde el Estado y toda la comunidad debe reconocer los beneficios ambientales que brinda el bosque a la sociedad, reconocimiento que debe apuntar a lo económico y/o fiscal. Por ejemplo en el caso de Misiones, en el marco del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), se solicitó a la Nación la constitución de un Fondo de Compensación por Servicios Ambientales, y se espera que se expidan en ese ámbito antes de fin de año. Con este mecanismo se puede lograr que un propietario, al que se le prohíba talar o explotar su bosque en forma total o parcial, pueda ser compensado por un servicio ambiental por parte de su bosque. Puede ser el paisaje, los cursos de agua, si tiene un habitat rico en biodiversidad de importancia ecológica y ambiental, el valor turístico, la captación de anhídrido carbónico para mitigar el cambio climático. Es decir, hay una amplia oferta de servicios ambientales que el bosque ofrece pero que aún no están cuantificados económicamente, ni tampoco hay un mecanismo de compensación. Este modelo hay que discutir para que sea aplicado a nivel nacional, principalmente en las provincias más críticas en cuanto a la amenaza del avance de la frontera agrícola ganadera.

2)Toda política de aplicación y fomento necesita de sistemas de asignación de montos, y esto no se mencionan en el proyecto de ley.

3)La Diputada Nacional por Formosa, María de la Rosa, observó que el texto de la norma no considera el principio de progresividad, que es propio del Derecho Ambiental, por cuanto se necesita una situación de empalme o transición de la situación vigente a la propuesta por esta norma.

4)El Artículo 11 y 12 establecen la necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental para todo tipo de aprovechamiento. Esto no es posible aplicar para todos por igual, ya que no es lo mismo el tipo de “aprovechamiento” que puede realizar un pequeño propietario al de aquel emprendimiento agrícola ganadero de miles de hectáreas, o un proyecto forestal de grandes superficies.

5)Sus determinaciones son excesivas. El ordenamiento forestal corresponde que sea mas flexible dejándolo librado a los planes de cada provincia, debiendo resultar el Anexo como una guía indicativa y no imperativa como aparece en el proyecto. Esto también es una observación de la Diputada Nacional de la Rosa y no se observa de que haya cambiado.

6)Resulta relevante vincular los ordenamientos territoriales en materia de bosques con la propuesta de ordenamiento territorial con el Ministerio de Planificación Federal, por lo tanto lo forestal es un capitulo del ordenamiento territorial global.

7)Las audiencias y consultas públicas deben tener algún parámetro razonable de dimensión para su concreción.

8)En cuanto a la emergencia forestal, no se esclarece los criterios por el cual se define la emergencia por el término de 5 (cinco) años, con el agravante de que sigue latente la afectación en forma directa a las economías regionales que dependen del aprovechamiento del bosque nativo. Se habla de impacto social, principalmente en materia de empleo, por la cantidad de mano de obra vinculada a la actividad



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