Se mantiene la indefinición sobre la continuidad de Samsa

Hoy vence el plazo de análisis del pedido de rescisión que hizo la concesionaria. Pero hasta ahora no hay una decisión tomada en el Gobierno. Si se reestatiza, sería recién en los primeros meses del año que viene. La empresa persiste en su intención de abandonar la provincia si no hay suba de tarifas o un subsidio

[su_note note_color=»#cdcdcd»]Samsa presentó el pedido de rescisión del contrato el 19 de septiembre pasado[/su_note]Aunque la empresa mantiene la idea de abandonar la Provincia y el Gobierno está dispuesto a avanzar en la reestatización del servicio, por ahora se mantiene la indefinición sobre el futuro de la concesionaria de agua y cloacas, Samsa. Hoy vence el plazo para el análisis del pedido de rescisión del contrato que hizo la empresa el 19 de septiembre y el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas no tiene una decisión tomada, pero sea cual fuere ésta, la empresa deberá seguir prestando el servicio por lo menos por tres meses más, hasta que pase el pico del consumo, en el caluroso verano.
Fuentes de la empresa ratificaron que la intención sigue siendo abandonar la Provincia, pero depende de la decisión que tome el Estado provincial para no arriesgarse a tener que pagar judicialmente por la ruptura del contrato.
«Si no hay un aumento de tarifas o un subsidio, la intención sigue siendo la de irnos, porque no cierran los números», indicó una fuente de la empresa. Según los últimos contactos del Gobierno con los ejecutivos de la firma de capitales españoles, cabría la posibilidad de un subsidio, pero en el Estado nadie certificó esa versión.
En el Gobierno aseguran que, pese a que el Eprac certificó condiciones para rescindir el contrato, hasta ahora no hay decisión tomada. Sin embargo, tanto en el organismo de control de la privatizada y en Obras Públicas, advierten que si se toma la decisión de reestatizar el servicio, será después de que finalice el verano. «Es un proceso de por lo menos 90 días», indicaron desde la cartera que conduce Oscar Perrone.
En la empresa sostienen que los «números no cierran» por el reclamo salarial de los empleados y los costos que aumentaron para realizar las inversiones comprometidas. De hecho, el Estado ya se hizo cargo a principios de septiembre de la expansión de las redes de agua potable y cloacas en Posadas y Garupá.

Una relación con sinsabores

La relación entre la empresa de capitales españoles y el Gobierno provincial iniciada hace siete años, hace tiempo había dejado de transitar por los caudales amistosos. Samsa llegó a reclamar una suba de tarifas del 80 por ciento en momentos en que el Gobierno nacional y provincial se esforzaban por controlar la inflación. La respuesta, obviamente, fue negativa. Pero la empresa comenzó a ser presionada por el Sindicato de Obras Sanitarias -a la vez accionistas- que pretende lograr un fuerte incremento salarial, que para Samsa, es imposible pagar con el actual «congelamiento» de las tarifas. Otro punto tirante entre el Gobierno y la empresa fue la demora en la ejecución de las obras comprometidas en el contrato y la rotura de calles y avenidas en la capital provincial. Samsa incluso llegó a reclamar en el ámbito nacional la renegociación de tarifas, ya que cuando ingresó a Misiones regía la Convertibilidad y la devaluación encareció sus costos, pero no sus ganancias. A través de su empresa madre, Urbaser, reclamó a la Procuración del Tesoro Nacional una «resolución amigable» a las pérdidas económicas que dice tener la firma en Misiones, trámite que todavía no fue resuelto. La falta de inversiones hizo caer un crédito del Banco Mundial por 20 millones de dólares, del que se ejecutaron apenas 50.800.000 pesos.

Las experiencias

El Estado nacional reestatizó el servicio de aguas y cloacas en Capital Federal y parte del Gran Buenos Aires, pero la experiencia no ha sido del todo positiva para los usuarios: con nueve meses de vida, la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) tiene más del doble de reclamos por parte de sus usuarios, pero ninguna sanción, porque el servicio no está regulado.
Mientras, el proyecto de ley de marco regulatorio para AySA está en el Senado, a la espera de su sanción. En el Ministerio de Planificación, organismo estatal a cargo de la empresa, dicen que el traspaso del servicio no fue fácil y que la dinámica de la empresa ahora es otra, distinta a la privada.
Lo mismo dicen en la Provincia y todo indica que el servicio sería reconcesionado una vez que el Estado retome el control del servicio en la zona gran Posadas.

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