Los camaristas rechazaron las recusaciones a los ministros del Superior Tribunal (STJ). La defensa del juez denunciado por el Banco Macro recurriría la decisión, para dilatar los plazos del enjuiciamiento.
Al banquillo. A Reyes se le acotan los recursos para dilatar su procesamiento.
Los camaristas convocados como conjueces por el Jurado de Enjuiciamiento desestimaron las recusaciones planteadas por la defensa del juez José Antonio Reyes contra los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y aceptaron la inhibición de Mario Dei Castelli, quien había pedido su apartamiento del polémico caso. La reunión se realizó el sábado a la mañana y los conjueces consideraron que los ministros Jorge Rojas, Cristina Leiva y Rubén Usset actuaron cumpliendo el mandato legal cuando le quitaron el expediente a Reyes, quien había otorgado un amparo a favor del grupo Touché & Moreno Ocampo y otros con el que extrajeron más de tres millones de pesos del Banco Macro, que se convirtió en el denunciante. Así, todo indica que el juicio comenzará la semana que viene en las salas del Palacio de Justicia.
La decisión de los camaristas también impactará directamente en el pedido de juicio político contra el presidente del STJ, Jorge Rojas y los ministros Cristina Leiva, Rubén Usset y Ramona Velázquez. La Legislatura ordenó un pedido de informes, pero si para los camaristas no hay delito, es obvio que la Sala Acusadora no encontrará argumentos para disparar una investigación preliminar.
Ahora, el defensor de Reyes planteará una revocatoria contra la decisión de los camaristas, con la intención de dilatar los plazos y lograr hacer caer el juicio -si no hay una resolución en 60 días desde la fecha en que se abre el proceso, se declara nulo-, pero fuentes judiciales anticiparon que tampoco prosperará, ya que las opiniones de los camaristas cuentan con suficiente sustento jurídico.
El Jurado definirá en las próximas horas la fecha de inicio del debate, que se haría a mediados de la semana que viene en uno de los salones del Palacio de Justicia, que tendrá así su debut.
La defensa apuntará sus cañones al movil «político» del enjuiciamiento a Reyes con el argumento de que «se le bajó el pulgar». Pero la defensa es endeble cuando pasa al plano jurídico de la actuación del magistrado.
«El juez reconoció que ordenó pagarle a Touché los tres millones de pesos, cuando no estaba firme la cuestión de fondo. Después, cuando el STJ tomó el caso, lo reconstruyó y ordenó que se cumpla su decisión en una fotocopia», reveló una fuente que sigue de cerca el caso.
El escándalo toma relevancia por el fuerte contenido político. En la denuncia contra los jueces del STJ, el grupo Touché, que comanda el ex fiscal de Estado de Ramón Puerta, el abogado correntino Álvaro Caamaño, se cita como testigos a Marta Catella y a Juana Bárbaro, del Frente Unidos por la Dignidad. A la vez, Gonzálo Peltzer, director ejecutivo de Touché, es a la vez director del diario El Territorio, que defiende la postura del juez de Apóstoles y del grupo que se dedicaba al cobro de impuestos vencidos en la provincia hasta que Rentas le rescindió el contrato por irregularidades. Touché además fue denunciada penalmente por el Banco Macro que busca recuperar su dinero.
