El Congreso de la Nación sancionó anoche la nueva Ley Nacional de Educación, que aumenta el período de escolaridad obligatoria de 10 a 13 años y unifica el sistema educativo nacional. Con la sanción de esta norma, que era impulsada por el Poder Ejecutivo, quedaron eliminadas las reformas introducidas por la ley Federal de Educación dictada por el gobierno de Carlos Menem.
Tras más de 12 horas de debate, el proyecto -aprobado la semana pasada por el Senado- fue sancionado en general por 133 votos favorables contra 34 en contra y luego aprobado en particular pasada la medianoche.
Durante el debate de los 143 artículos de la ley, el oficialismo rechazó todas las modificaciones propuestas por diputados opositores.
La iniciativa contó con el respaldo del oficialismo, los socialistas y los lavagnistas, pero fue rechazada por el radicalismo, el ARI, y Propuesta Federal, que presentaron sus propios proyectos.
A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, donde la norma fue aprobada con un amplio respaldo de la mayoría de los bloques, la bancada radical de la Cámara de Diputados optó por rechazar la iniciativa.
El debate fue presenciado por el ministro de Educación, Daniel Filmus, junto con la directora general de Escuelas bonaerenses, Adriana Puiggrós; el secretario de la CTA y dirigente del magisterio Hugo Yasky, y representantes de la Unión Docentes Argentinos (UDA) que respaldan la norma.
La ley universaliza la educación desde los 4 años como opción, pero es obligatoria para los años que hasta ahora se consideraban como «polimodal» en la mayoría de las provincias.
La diputada oficialista entrerriana Blanca Osuna, titular de la comisión de Educación, recordó que el proyecto fue producto de un intenso debate y destacó que con esta norma «estamos frente a la oportunidad de fortalecer un entramado nuevo que tenga la fuerza de nuestras tradiciones».
Las principales objeciones de la oposición advertían sobre la eventual vulneración de las autonomías provinciales y el supuesto obstáculo para el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo en algunas provincias o regiones, que deben además observar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Desde el radicalismo, Olinda Montenegro, sostuvo que la iniciativa «enmascara la ley Federal de Educación».
«Aquélla era más coherente, porque respondía a una ideología neoliberal. Acá hay confusiones, repeticiones, errores de toda índole», sostuvo.
En un discurso fervoroso, Elisa Carrió rechazó el proyecto al afirmar que «es imposible hablar de una ley sin ingreso para la niñez» aunque ponderó que se haya decidido avanzar sobre la ley del menemismo.
Carrió también consideró «auspicioso que sean los mismos que votaron esa ley los que hoy tengan que desandar el camino».
El ex rector de las universidades de Buenos Aires y de Córdoba, y diputado del juecismo, el cordobés Francisco Delich, dio su apoyo y destacó que la norma se constituye en «uno de los primeros atisbos de la nueva sociedad argentina, la de un modelo de desarrollo científico tecnológico, que estamos en condiciones de consolidar».
Desde el Peronismo Federal, Oscar Di Landro, respaldó la norma y destacó la definición incluida en el proyecto que califica a la educación como prioridad nacional, al sostener que «pasa a ser el eje de las políticas estatales, se reafirma la soberanía y se rescata la identidad nacional».
El presidente del bloque del ARI, Eduardo Macalusse pidió que la ley estableciera un límite de alumnos en cada aula, que garantizara el financiamiento educativo y que se incluyeran planes
sociales que permitan el acceso de los más pobres a las escuelas.
El jefe de la bancada radical, Fenando Chironi, se quejó por la falta de debate; el socialista Hermes Binner adelantó el respaldo de su bloque y el presidente del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, realizó una encendida defensa de la ley.
La norma establece que la educación será obligatoria desde los 5 años hasta el fin del secundario, en tanto que el Estado deberá garantizar la sala de 4 para las familias que la requieran.
Dispone además un aumento de la inversión pública en materia educativa hasta alcanzar 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2010, contemplados en la ley de financiamiento educativo aprobada meses atrás por el Congreso. (Buenos Aires, 15 de diciembre, Télam)
