El Ejecutivo pidió prorrogar un año la emergencia previsional

Se reitera el argumento del desequilibrio del fondo que administra el Instituto de Previsión Social entre los ingresos genuinos y sus egresos por haberes. Se mantiene como tope máximo para jubilaciones, 3.034 pesos El Gobierno envió a la Legislatura un proyecto de ley para prorrogar por un año más la emergencia previsional vigente desde 1996, para no producir un descalabro financiero en el Instituto de Previsión Social (IPS). El proyecto, que tomará estado parlamentario en la sesión de hoy, se sumará a la emergencia económica que se prorrogará hasta fines de 2007 y la declaración de emergencia habitacional, con la prórroga de la ley que evita las ejecuciones hipotecarias.
El proyecto, firmado por el Gobernador Carlos Rovira, reitera el argumento del desequilibrio que atraviesa el fondo previsional que administra el IPS entre los ingresos genuinos y sus egresos por haberes. Así, se mantiene como tope máximo para las jubilaciones, 3.034 pesos, excepto para mayores de 75 años o enfermos oncológicos, sujetos a un transplante de órganos, que padezcan HIV o hemofilia, que podrán cobrar hasta 4.100.
Valentín Alsina, presidente del IPS, asegura que derogar la emergencia previsional que rige desde 1996, significa lisa y llanamente la destrucción del organismo. El 80 por ciento de los haberes que paga el IPS no está afectado por el tope de poco más de tres mil pesos, pero si la ley cayera, el 20 por ciento que más cobra, se quedaría con el 80 por ciento de los ingresos por aportes.
Las principales cajas deficitarias son las de Policía, los docentes, los magistrados y de los diputados, que al ser pocos, no suman lo suficiente para cubrir sus jubilaciones.
La caja de los judiciales, se sumó la ley de jubilación especial, que permitió a una veintena de magistrados pasar a retiro con el 85 por ciento móvil de sus salarios en los últimos dos años.
La ley, sin embargo, no tiene un impacto directo en las arcas previsionales, ya que Rentas aportará 2,7 millones de pesos al año.
«Derogar la ley es imposible», sostiene Alsina. La Secretaría de Hacienda, a través de Rentas Generales, subsidia al IPS para cubrir el déficit que se acumula año a año. La solución rápida para cubrir el bache sería subir los aportes personales o patronales, pero esa es una posibilidad que el Gobierno descarta. Actualmente, los docentes del Servicio Privado de Enseñanza de Misiones tienen un aporte del 21 por ciento, los magistrados igual, los policías de 24 y los diputados del 27 por ciento.
En tanto, el Estado aporta 18 por ciento en el primer caso, 15 con los judiciales y 21 con los diputados.
Pagar las jubilaciones de privilegio a 290 ex legisladores, ex jueces, unos pocos ex funcionarios, ex docentes y ex policías, sin el tope que rige hasta diciembre de este año -por una prórroga especial de la Cámara de Diputados-, le costaría al IPS casi 25 millones de pesos al año.
La situación previsional es compleja y el estudio actuarial que realizó el IPS marca el deterioro del sistema que obliga a buscar alternativas de financiamiento. En varios países, el Estado directamente decide subsidiar el sistema con un seguro social, modelo implementado ya con el seguro de Salud en Misiones.