El grupo Touché & Moreno Ocampo y otros, denunciado penalmente por el Banco Macro por haber extraído en forma presuntamente irregular más de tres millones de pesos de las cuentas de la entidad financiera, lanzó su contraataque: acusó al Macro de perjudicar al grupo empresario y pidió el juicio político de cuatro ministros del Superior Tribunal de Justicia por haber tomado la causa que estaba en manos del magistrado apostoleño José Antonio Reyes, cuyo enjuiciamiento -por esta causa- sigue en marcha, ya que el Ejecutivo no le aceptó la renuncia que presentó para que no se revelen detalles de la escandalosa maniobra judicial.
El pedido de juicio político contra los ministros del STJ Jorge Antonio Rojas, Roberto Rubén Uset, Cristina Leiva y Ramona Beatriz Velázquez ingresó a la Cámara de Diputados, firmado por Víctor Bonifato, representante legal del grupo liderado por el ex fiscal de Estado de Ramón Puerta, el abogado correntino Álvaro Cayetano Caamaño. Bonifato había presentado el amparo ante Reyes asesorado por los abogados Raúl Dalmau, colaboradores del senador Luis Viana, quien también acercó inversionistas a Caamaño para que compren Urbi, la empresa madre de Touché.
En la presentación, Bonifato acusa al Macro de «retener» fondos de Touché, que el grupo reclamaba por comisiones a la Dirección General de Rentas en el contrato que la unía al Estado en el cobro de impuestos vencidos.
Sin embargo, nada dice de la cláusula explícita que obligaba a las partes a dirimir cualquier diferencia únicamente en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia y no en juzgados inferiores.
El planteo ingresó el miércoles a la Legislatura, pero no se dio a conocer, ya que fue retenido por la presidencia de la Cámara, a cargo de Esteban Lozina -hasta el domingo-.
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