El jefe de Gabinte, Jorge Franco junto a otros ministros y el titular del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas dijo que la concesionaria del servicio en Posadas y Garupá está incumpliendo el servicio público. Reiteró que el paro gremial no cumple con los servicios mínimos y sostuvo que «es una medida política»
El Gobierno cuestionó severamente el accionar del gremio de Obras Sanitarias que lleva adelante una nueva jornada de paro (ver video en MolTV) en reclamo de un aumento salarial del 30 por ciento a la concesionaria de aguas y cloacas, Samsa y deslizó la posibilidad de una connivencia entre gremialisas -que a la vez son accionistas- y la empresa de capitales españoles para presionar por una suba tarifaria que el Ejecutivo «no tolerará».
Sin embargo, pese a los reiterados incumplimientos de la empresa que pidió el 19 de septiembre pasado la rescisión del contrato, el Gobierno asegura que todavía se siguen analizando las decisiones que se tomarán en pos de garantizar el servicio. El gobernador Carlos Rovira había dicho que si era necesario, iba a romper el contrato con Samsa, pero los funcionarios sostienen que es un proceso que, una vez tomada la decisión, demorará por lo menos tres o cuatro meses.
El jefe de Gabinete, Jorge Franco, junto a la ministra de Gobierno Claudia Gauto y al de Obras Públicas, Oscar Perrone, brindaron una conferencia de prensa este mediodía donde responsabilizaron a Samsa por «el servicio que se está resintiendo en varios puntos de Posadas».
«Vamos a exigir que se garantice el servicio mínimo de agua potable. Nos cuesta creer que el paro se haga en connivencia para presionar por un aumento tarifario con el que no estamos de acuerdo u no vamos a llevar adelante», sostuvo Franco. El funcionario garantizó que el Estado mantiene la premisa de brindar el servicio al mismo costo para el usuario. «Todo lo que sea necesario para hacerlo cumplir, lo vamos a hacer», advirtió.
En la conferencia de prensa se reveló que el Gobierno rechazó el pedido de rescisión del contrato que hizo la prestataria del servicio aduciendo no poder atender los reclamos salariales. A Samsa todavía le quedan 23 años de contrato.
«Esto es un paro político, con un reclamo gremial que supera otras pujas salariales en el país», acusó Franco. El gremio de Obras Sanitarias recibió en los primeros meses un aumento de 300 pesos más tickets canasta, pero reclama otro 30 por ciento de aumento, cuando la media de reclamos es del 19 por ciento.
Por su parte, el titular del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas, Guillermo Manfredi, reiteró que Samsa está incumpliendo el contrato y no presta el servicio mínimo al que está obligado. Por contrato, debe haber una guardia activa de 58 personas, pero todos estaban en la protesta de hoy frente a la empresa, en la avenida López y Planes de Posadas. Manfredi indicó que se reportaron caídas del servicio en el barrio La Rotonda, la chacra 240 y el barrio San Marcos, aunque también Itaembé Miní tiene problemas de abastecimiento.
En el mismo sentido, el funcionario negó que los empleados no tengan las acciones que les dio el Estado cuando la empresa de privatizó y la ministra Gauto descartó que no se estén haciendo los aportes previsionales.
Por su parte, Perrone indicó que el Ejecutivo rechazó el pedido de rescisión del contrato, aunque no descartó esa medida en el futuro y que el servicio vuelva a manos estatales. «La Provincia puede hacerse cargo. No hicieron las inversiones comprometidas y de hecho, el Estado ya se hizo cargo desde el 1° de septiembre de la expansión de las redes de cloacas y agua potable en Posadas y Garupá. Además, se perdió financiamiento del Banco Mundial por el incumplimiento de la empresa»; puntualizó.
