El Procurador aseguró que el magistrado violó la seguridad jurídica y no tomó los mínimos recaudos para resguardar el dinero del Banco Macro. También destacó que hay mala fe de la firma Touché.
Denuncia. Piñero elevó la acusación contra Reyes y lo acusa de mal desempeño y desconocimiento del Derecho.
[su_note note_color=»#cdcdcd»]Piñero quiere conocer la ruta del dinero: el Banco Privado de Inversiones deberá revelar quien cobró[/su_note]La acusación presentada por el Procurador General de la Provincia, Miguel Ángel Piñero contra el juez de Apóstoles, José Antonio Reyes es contundente y apunta también a la mala fe del grupo Touché & Moreno Ocampo y otros al presentar el amparo concedido por el magistrado que le permitió extraer indebidamente más de un millón de dólares del Banco Macro.
Del expediente elevado al Jurado con la acusación, surge que el 21 de octubre, Reyes otorgó el amparo sin conocimiento del Banco Macro mediante el cual se extrajeron 3.026.465,50 pesos, que fueron automáticamente acreditados a una caja de ahorro particular N° 35201-101 del Banco Privado de Inversiones. El Macro recién fue notificado cinco días después.
Piñero sostiene que «el juzgador no ha efectuado un examen correcto respecto de las legitimaciones tanto activa como pasiva, ya que ordenó la transferencia de fondos de propiedad de un tercero sin haberse acreditado sustancialmente la facultad invocada por Víctor Alfredo Bonifato -quien presentó el amparo-, que no tenía legitimación ni representatividad para invocar la demanda en nombre de Touché, en base al acta presentada por la misma accionante, de donde se extrae que no estaba especialmente habilitado a tales efectos».
El Procurador explica que el embargo fue «trabado en erróneo entendimiento de que el Banco había retenido fondos», pero ese hecho es inexistente ya que el Macro actuaba como mandatario de la Provincia, efectuando retenciones y acreditaciones instruidas por la Dirección General de Rentas, conforme a un mandato irrevocable otorgado por la Provincia. Es decir, que el Banco no estaba obligado a realizar retenciones, acreditaciones ni depósitos, con información que pudiera proporcionar Touché & Moreno Ocampo y otros.
También el juez actúo deliberadamente fuera de su competencia, que es del Superior Tribunal de Justicia, conforme surge del pliego de licitación y el contrato suscripto entre la DGR y Touché, en el que sostienen que se «someterán en forma exclusiva y excluyente a la jurisdicción del STJ, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción».
Vinculaciones
«Con lo dicho, se evidencia la mala fe en la conducta de Touché, ya que ha planteado cuestiones contractuales fuera del ámbito previsto en el contrato», indica el escrito de la acusación. También se cuestiona que se haya resuelto un amparo, cuando quedaban recursos administrativos para reclamar las supuestas diferencias en la liquidación de las comisiones. La demanda de Touché fue presentada por los abogados Raúl Dalmau y Raúl Fortes, de estrechos vínculos con el senador Luis Viana, quien habría acercado a Roque Cambareri, un empresario petrolero dueño de INVELL que compró acciones del Urbi, la empresa controlante de Touché, que comanda el ex fiscal de Estado de Ramón Puerta, el correntino Álvaro Caamaño.
Para Piñero, las documentaciones presentadas por Touché no reunían los requisitos siquiera para un embargo preventivo, «lo que no sería tan gravoso como la medida decretada que ha implicado la afectación patrimonial de un tercero ajeno al contrato cuestionado, incautando dinero y transfiriéndolo a una cuenta privada».
Asimismo, destaca que no se acreditó un «peligro en la demora», ya que Touché no es la actora, sino integrante de la Unión Transitoria de Empresas, por lo que resulta improcedente que se disponga una transferencia de fondos en base a una liquidación efectuada por una sola parte, «sin comprobantes de reclamos anteriores y sin facturas emitidas por las supuestas diferencias» en las comisiones. Otro cuestionamiento es que se presentó una caución personal y patrimonial únicamente por el representante de una de las empresas de la UTE, sin contar siquiera con un acta de asamblea de la sociedad. Tampoco se garantizó el dinero incautado, ya que como caución se pusieron apenas 300 mil pesos, contra los más de tres millones extraídos de la entidad financiera, con bienes de uso de una de las empresas de la UTE sin autorización de las demás.
Inseguridad jurídica
Piñero consideró que Reyes violó los principios de «razonabilidad, de propiedad, de defensa, de igualdad de partes y de la seguridad jurídica», que son «prueba contundente de la falta de idoneidad del magistrado, como así del mal desempeño de sus funciones, faltas graves y desconocimiento inexcusable del Derecho».
Otro punto clave es que Reyes ordenó la reconstrucción del expediente del amparo, remitido al Superior Tribunal declarando de legítimo abono las sumas retenidas mediante la cautelar, en abierta violación a lo dispuesto por el STJ, que ya se encontraba abocado a la causa. Piñero pide que se cite a declarar a Bonifato, el director general de Rentas, Miguel Arturo Thomas y el gerente del banco, Gabriel Díaz. Además, pidió que se requiera al Banco Privado de Inversiones una copia certificada de la boleta de extracción por ventanilla o comprobantes de transferencia electrónica con los datos de la cuenta a la que fueran remitidos los fondos y se identifique a las personas físicas o jurídicas que retiraron los tres millones de pesos.
Finalmente, Piñero sostiene que la actuación de Reyes afecta de manera directa y gravosa los fondos de la Provincia, lo que «denota una actitud errónea y tendenciosa del juez, productora de graves perjuicios tanto para el fisco como para la sociedad misionera toda». Es que el Estado debe responder por los errores de sus funcionarios, por lo que si el dinero no aparece, serán todos los misioneros los que deban restituir el dinero al Banco Macro.
El Jurado
El jurado que deberá decidir la destitución o no del juez de Apóstoles, José Antonio Reyes, está conformado por el presidente del Superior Tribunal, Jorge Rojas; la ministra Ramona Beatríz Velázquez y su par Humberto Schiavonni. Por los abogados están Claudia Viviana Dutto y Edmundo Raúl Maldonado, además de Horacio Humberto Blodek, diputado renovador y el justicialista Ricardo Biazzi.
El jurado decidió por unanimidad avanzar en el proceso contra el magistrado a raíz de la denuncia del Banco Macro. Pero Reyes además tiene otras tres denuncias que también piden su destitución. Una por la disputa por la presidencia del Concejo Deliberante de Apóstoles y otras dos por abuso de autoridad.
