Yerba: desmienten que exista sobreoferta de materia prima

El subsecretario de Reconversión y Diversificación Productiva de la provincia, Ricardo Maciel, aseguró el acta firmado en Jardín América por la cadena yerbatera «responde a los intereses de los industriales». El funcionario aseguró que el stock disponible a septiembre fue menor al del año pasado en 8.832.151 kilogramos. Dijo que los que tienen que cupificar las plantaciones son los propios industriales. Y desmintió que exista sobreoferta de materia prima


El subsecretario de Reconversión y Diversificación Productiva de la provincia, Ricardo Maciel, cuestionó el documento firmado por los distintos sectores involucrados en la cadena yerbatera durante la reunión de Jardín América al considerar que contiene puntos «muy inducidos» por los intereses que afecta a los industriales.

En ese sentido, Maciel defendió la Ley de Transparencia de la Producción Originaria de Misiones -más conocida como Ley de Bancarización y cuya aplicación fue rechazada por los industriales- al sostener que la bancarización era una de los puntos pedidos por los productores ya en el 2001, durante la protesta yerbatera (conocida como tractorazo). En esa oportunidad, la bandera de la protesta fue la ley yerbatera, mejores precios y la bancarización de los pagos», rememoró.

En la asamblea de lunes realizada en Jardín, los presentes se mostraron reacios a la aplicación de la bancarización y exigieron su derogación. Entre otras cosas, los industriales señalaron que el sistema «deja sin opciones de elegir al productor que se queda sin la libertad de negociar por un mejor precio para su producto».

La Ley de Transparencia es una herramienta con el que hoy cuenta el sector «para que se cumplan con los pagos de los precios acordados. El problema no es la ley, sino que hay quienes no están pagando lo que corresponde. Muchos compradores arman su esquema administrativo ordenando la situación sólo en los papeles, pero por debajo pagan un costo inferior a lo establecido», enfatizó Maciel.

Para el representante del gobierno en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), hasta antes de la sanción de ese instrumento legal –que entró en vigencia en septiembre pasado- existía un sistema de control de los niveles de productividad y manejo de volumen desde el sector primario hasta la venta mayorista, pero se desconocía si los flujos de pagos eran los que realmente correspondían. «Con la bancarización se tiene conocimiento del volumen de yerba que sale de la zona productora y a su vez si el productor recibió lo que le corresponde en función del egreso de la materia prima», aseguró.
«Apenas estamos comenzando con este sistema y ya están pidiendo su derogación. Primero tenemos que ver los resultados y después nos sentaremos entre todos a analizar las falencias y las corregiremos si es necesario. Pero me parece fuera de lugar pedir la derogación», insistió.

Redistribución
Otros de los reclamos del sector industrial es la eliminación o reducción de Ingresos Brutos que grava con el 2,5 por ciento las exportaciones yerbateras con el argumento de para poder trasladar esos montos que se destinan al fisco «a mejoras para los productores». Sin embargo, el Subsecretario de Reconversión y Diversificación Productiva recordó que años anteriores la industria tuvo privilegios durante se «mantuvo la alícuota cero y no tenía control de precio en góndola. No obstante, la situación del sector de los productores era pésima».

«Tenían exenciones fiscales pero nunca redistribuyeron esa mayor rentabilidad con los más pequeños de la cadena», cuestionó.
En ese tono, el funcionario oriundo de Eldorado sostuvo que con los fondos que se recauda con Ingresos Brutos, el Estado provincial dispone de una herramienta que le permite trasladar beneficios sociales para el agricultor. «Pusimos en marcha el Seguro de Salud (Obra Social) sin costo adicional para los colonos», subrayó.

Al mismo tiempo, Maciel volvió a ratificar su postura contraria de «pelear» por mejores precios para la yerba mate en góndola. «Sí estoy a favor de luchar por mejores costos a salida de molino, pero no puedo pedir para el sector comercial que no tiene ningún gasto en todo el proceso productivo y encima es que se queda con la mayor parte de la rentabilidad del negocio».
«Nosotros tenemos que lidiar por precios a salida de molinos (incluso, para la industria, dijo), cómo llega después a góndola es un problema de las cadenas comerciales, no de la zona productora», subrayó.
«Lo está pasando acá es que los agricultores están siendo utilizados para una cuestión ajena a ellos», opinó.

Por otra parte, el funcionario descartó la posibilidad de llevar adelante un plan de eliminación o cupificación de plantaciones y puso en duda la existencia de una sobreoferta. En ese plano, destacó que el 85 por ciento de los productores cultivan en menos de 10 hectáreas y que, en contrapartida, el 15 por ciento restante (compuesta por plantaciones de los propios industriales) ostentan el 52 por ciento de las 163.000 hectáreas plantadas.

«La historia misma cupificó la actividad. Los colonos siempre encontraron dificultades para acceder a mejoras en tecnologías y, en consecuencia, no pudieron aumentar los rendimientos por hectáreas. Ya no se puede cupificar más a los productores. En todo caso, que los industriales se pongan de acuerdo y no cosechen por lo menos 5 por ciento de su superficie y se soluciona el problema que plantean. Ellos son los que siguen aumentando la superficie cultivada, no el pequeño productor», indicó.

Puso en duda el planteo de sobreoferta de materia prima hecho por la industria. En ese sentido, comparó los volúmenes disponibles en stock entre septiembre del 2005 y septiembre de este año donde se «evidencia un saldo negativo en el 2006». (Ver cuadro comparativo).

No le quitó importancia al hecho que por primera vez todos los eslabones que componen el circuito productivo madres de Misiones se hayan unido, «eso es muy valorable y hay que fortalecerlo. El productor debe saber que su secadero y su comparador no son sus enemigos, porque cada uno necesita del otro», dijo.

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