Los diputados de Misiones abandonaron el recinto cuando se iba a tratar el proyecto de Bonasso. Realizaron duras críticas al texto de la norma
Rechazo. Irrazábal fue uno de los más duros contra el proyecto de Bonasso.
Los diputados de la Nación de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco pertenecientes al Bloque Frente para la Victoria-PJ se retiraron del recinto de sesiones en abierto rechazo a la aprobación de un proyecto de ley declarando la emergencia forestal y suspendiendo los desmontes de bosques nativos. De esta manera, la Cámara se quedó sin quórum para votar la iniciativa del legislador porteño Miguel Bonasso y tuvo que pasar a cuarto intermedio.
El diputado Juan Manuel Irrazábal indicó que «los diputados del NEA no vamos a votar una ley contra los intereses de nuestras provincias», e hizo suyos los argumentos de la formoseña Graciela de la Rosa sobre el proyecto en tratamiento.
«La ley contiene un conjunto de objetivos, pero no desarrolla los instrumentos de políticas activas, económicas y productivas que permitan cumplir los mismos», sostuvo el legislador.
«Toda política de aplicación y fomento necesita de sistemas de asignación de montos, que no resultan explicitados en la ley. El texto de la norma no considera el principio de progresividad, que es propio del Derecho Ambiental, por cuanto se necesita una situación de empalme o transición de la situación vigente a la propuesta por esta norma», agregó el legislador misionero.
Para los legisladores del NEA, las determinaciones en el proyecto Bonasso «son excesivas». «El ordenamiento forestal corresponde que sea más flexible dejándolo librado a los planes de cada provincia, debiendo resultar el Anexo como una guía indicativa y no imperativa como aparece en el proyecto».
«Resulta relevante vincular los ordenamiento territoriales en materia de bosque con la propuesta de ordenamiento territorial con el ministerio de Planificación Federal, por lo tanto lo forestal es un capítulo del ordenamiento territorial global. La normativa no genera ningún compromiso de financiamiento nacional pese a que resulta de aplicación en la materia», cuestionan los diputados de la región.
Asimismo, critican que «no se especifícan las características de los estudios de impacto ambiental requeridos en la norma y no se advierte una prelación de las universidades para la realizaciones de dichos estudios «.
Otros puntos cuestionados sostienen que «las audiencias y consultas públicas deben tener algún parámetro razonable de dimensión para su concreción. En cuanto a la emergencia forestal, deberá adecuarse a los criterios de emergencia que cada provincia declare y sobre esta base operar el sistema. Se advierte una complejidad burocrática en las tramitaciones administrativas, cuyo dimensionamiento socioeconómico no luce en la normativa propuesta».
