El Colegio de Profesionales en Turismo pidió la nulidad de la resolución 250 dictada por Parques Nacionales y junto a la Asociación de Guías de Turismo de Iguazú presentó un recurso de amparo.
El Colegio de Profesionales en Turismo (Colproftur) dio a conocer las acciones desarrolladas en representación y defensa de sus legítimos intereses y el de sus matriculados, a efectos de evitar la implementación de la resolución 250 dictada por el directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN). Dicho instrumento otorga una autorización especial para ser admitidos en el examen de habilitación de Guías de Turismo, al personal que perteneciera al cuerpo de Guardaparques, y que son egresados de la carrera de «Técnico en Áreas Naturales Protegidas» y «Técnico Universitario en Administración de Áreas Protegidas» dictado por el Instituto Claes Olrog, y otorgado por la Universidad Nacional de Tucumán
En rechazo a esta medida, el Cloproftur realizó una presentación dirigida al intendente del Parque Nacional Iguazú, rechazando la solicitud de examen presentada por un aspirante al amparo de la resolución 250. En la misma se peticionó la nulidad de la mencionada resolución y se inició el correspondiente recurso de revocatoria, lo que fuera ratificado posteriormente por carta documento dirigida al presidente del directorio de la APN.
Los argumentos
Desde el Colegio, expresaron que de la simple lectura de la resolución 250 se desprenden argumentos suficientes para plantear la nulidad de la misma, por cuanto en los considerandos se expresa que: , «
las incumbencias profesionales aprobadas por los títulos de «Técnico en Áreas Naturales Protegidas» y «Técnico Universitario en Administración de Áreas Protegidas», no contemplan expresamente entre sus alcances la posibilidad de desempeñarse como Guía Turístico general o específico desarrollando actividades de conducción de grupos, parece demostrarse que la formación profesional adquirida a través de la currícula antes referida les permitiría a sus titulados asumir dichas funciones».
Habida cuenta que los términos temporales del recurso por la vía administrativa supera ampliamente la fecha de evaluación y habilitación de los Guías que fue convocada para el próximo 27 de noviembre, el Colegio presentó ante el fuero Federal una solicitud de amparo judicial con una medida cautelar de no innovar. A efectos de reforzar estas acciones se propició la presentación de amparos por parte de particulares que ven afectados sus intereses por la anteriormente mencionada Resolución.
Cabe destacar que el Colegio desde el mismo momento de su creación mantiene una fluida relación con Parques en la que, más allá de acuerdos y desacuerdos sobre determinados temas han permitido coordinar y desarrollar acciones en conjunto, y en ese marco con fecha 13 de septiembre del año en curso, el Directorio de la APN, aprobó por Resolución la firma de un convenio de cooperación entre ambas instituciones.
La Licenciada Mirta González, Presidente del Colegio señaló que «queremos destacar que reconocemos y respetamos el trascendental rol que le compete a la APN en todo lo atinente a la conservación de las áreas naturales protegidas, pero entendemos que con el dictado de la resolución 250, Parques Nacionales se atribuye una función que no le corresponde, que es la de establecer los alcances de los títulos, que es atribución directa de las Instituciones de Educación Superior y el Ministerio de Educación, en tanto que el resguardo y contralor de la profesión le corresponde a los Colegios Profesionales.».
Por su parte, la asociación de Guías de Turismo de Yguazú (AGUIATY) y la comunidad de guías ha rechazado y pedido la derogación de la misma, como así también, ha manifestado su preocupación y malestar por el no cumplimiento de las reglamentaciones vigentes, expresada a través del Reglamento de guías en áreas protegidas (resolución Nº 85/2002); que señala como requisito excluyente la necesidad de poseer titulo académico de nivel Terciario o Universitario en Turismo.
Y expresaron que la preocupación es cada vez mayor, ya que las autoridades encargadas del cumplimiento de estas normas no respetan las mismas.
