Los representantes de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco -del bloque Frente para la Victoria-PJ – se retiraron ayer del recinto de sesiones en abierto rechazo a la aprobación del proyecto de ley que impulsa el legislador kirchnerista Miguel Bonasso. Los diputados nacionales del bloque Frente para la Victoria- PJ, representantes de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, se retiraron ayer del recinto de sesiones en abierto rechazo a la aprobación del proyecto de ley declarando la emergencia forestal y suspendiendo los desmontes de bosques nativos que impulsa el legislador kirchnerista Miguel Bonasso.
De esta manera, la Cámara se quedó sin quórum para votar la iniciativa del legislador porteño y tuvo que pasar a cuarto intermedio.
El diputado misionero Juan Manuel Irrazábal, por medio de un comunicado de prensa, expresó que «los diputados del NEA no vamos a votar una ley contra los intereses de nuestras provincias», y se adhirió a los argumentos de la formoseña Graciela de la Rosa sobre el proyecto en tratamiento, donde cuestionan que:
1.La ley contiene un conjunto de objetivos, pero no desarrolla los instrumentos de políticas activas, económicas y productivas que permitan cumplir los mismos.
2.Toda política de aplicación y fomento necesita de sistemas de asignación de montos, que no resultan explicitados en la ley.
3.El texto de la norma no considera el principio de progresividad, que es propio del Derecho Ambiental, por cuanto se necesita una situación de empalme o transición de la situación vigente a la propuesta por esta norma.
4.Sus determinaciones son excesivas. El ordenamiento forestal corresponde que sea mas flexible dejándolo librado a los planes de cada provincia, debiendo resultar el Anexo como una guía indicativa y no imperativa como aparece en el proyecto.
5.Resulta relevante vincular los ordenamiento territoriales en materia de bosque con la propuesta de ordenamiento territorial con el Ministerio de Planificación Federal, por lo tanto lo forestal es un capitulo del ordenamiento territorial global.
6.La normativa no genera ningún compromiso de financiamiento nacional pese a que resulta de aplicación en la materia.
7.No se establece las dimensiones mínimas para necesidad de un estudio de impacto ambiental.
8.No se advierte una prelación de las universidades para la realización de estudios de impactos ambientales.
9.Las audiencias y consultas publicas deben tener algún parámetro razonable de dimensión para su concreción..
10.En cuanto a la emergencia forestal, deberá estarse a los criterios de emergencia que cada provincia declare y sobre esta base operar el sistema.
11.Se advierte complejidad burocrática en las tramitaciones administrativas, cuya dimensión socioeconómica no luce en la normativa propuesta.
