Hoy a las 10 habrá una reunión entre los ministros, la Unión Judicial de Misiones y la Federación Judicial Argentina. La Corte, que ayer se reunió con el Gobernador, pedirá que se garantice el servicio de justicia. El blanqueo cuesta 24 millones de pesos al año. La semana pasada, los empleados cobraron 25 por ciento de aumento en el básico.
Diálogo. Los ministros del STJ se sentarán hoy con el gremio judicial.
El Superior Tribunal de Justicia recibirá hoy a las 10 a la cúpula del gremio que paralizó por varios días el servicio judicial en reclamo de un blanqueo salarial que le costaría al Estado un incremento del gasto de más de 24 millones de pesos al año y que no aparece en el presupuesto para ese poder en 2007.
La reunión buscará descomprimir el conflicto con el compromiso de que las protestas no paralicen la Justicia. El STJ se reunió ayer con el gobernador Carlos Rovira para analizar la realidad del sector y buscarle una salida a la crisis. De todas maneras, se descarta que se atienda inmediatamente el planteo gremial, pero se intentará iniciar un canal de diálogo que ponga fin a la protesta. Junto a la Unión Judicial estarán representantes de la Federación Judicial Argentina. La UJM justamente reclamaba la apertura de un diálogo, al igual que los funcionarios judiciales, para conseguir el blanqueo de sus salarios. La fiscal Liliana Picazo dijo ayer que el conflicto se debía exclusivamente a la falta de diálogo y no de fondos.
Fuentes del Superior Tribunal de Justicia indicaron que se buscará una solución consensuada, pero necesariamente, deberá haber una «responsabilidad social» de los dirigentes del gremio judicial, que paralizaron el servicio de justicia esta semana. Ayer se supo que todos los empleados cobraron un aumento del 25 por ciento del básico por presentismo, que en el caso de los funcionarios, alcanzó al 30 por ciento, exceptuando los ministros de la Corte. Nadie ha dicho al respecto una sola palabra.
Sin embargo, atender el reclamo judicial no es una tarea sencilla. Para el blanqueo, el Estado debería aportar diez por ciento para la jubilación y un dos por ciento para la obra social, erogaciones que demandarían 24 millones de pesos más por año en el presupuesto judicial.
Esas partidas no están contempladas en el presupuesto actual y no aparecen en el del año que viene. Ya el año pasado, cuando se aprobó la ley de blanqueo en la Cámara de Diputados, el Tribunal de Cuentas lo había declarado ilegal porque no existían las partidas.
Además, la Provincia está atada a la ley de Financiamiento Ordenado, por la cúal no puede realizar gastos si no cuenta con las correspondientes partidas.
Fuentes del ala económica del Gobierno sostienen que para atender el reclamo gremial sería necesario endeudarse. Otro dato que traba una salida rápida al conflicto es que un blanqueo dispararía reclamos similares en otras áreas del Estado, lo que haría eclosionar las finanzas del Instituto de Previsión Social, que se vería obligado a pagar jubilaciones más altas.
Además, la ley del blanqueo judicial que rigió por un mes el año pasado, no dejó conformes a todos tal como estaba planteada, ya que fueron beneficiados los que ganaban más, pero muchos funcionarios perdieron dinero de bolsillo.
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