El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Rojas calificó de «salvaje» a la huelga de empleados en reclamos salariales. Para los abogados, la paralización podría derivar en un pedido de intervención federal. Los empleados judiciales paran hasta hoy sin asistencia a los lugares de trabajo y mañana y pasado con asambleas
Crisis. El Poder Judicial enfrenta una nueva huelga de los empleados que reclaman mejoras salariales.
La crisis en el Poder Judicial parece agudizarse con el correr de las horas con el enfrentamiento de las principales figuras. El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Rojas, calificó ayer de «salvaje» al paro que realizan los empleados judiciales y aseguró que «no hay fondos para responder a sus reclamos». Paralelamente, el flamante presidente del Colegio de Abogados, Pablo Isaac Lenguaza, sostuvo que el servicio de justicia en la provincia está «peor que el año pasado» y no descartó que si la crisis se agrava, pueda derivar en un pedido de intervención federal.
Del otro lado, Arcadio Lewin, el titular de la Unión Judicial Misiones, que realiza un paro hasta el viernes, cuestionó a Rojas por «no buscar el diálogo» y aseguró que falta decisión política para resolver el conflicto.
Rojas dijo que «así como el Estado nacional está en crisis también lo está el Estado provincial, y el Poder Judicial atraviesa por una crisis ajena que se trata de remediar». Sostuvo que no se puede dialogar con «una huelga salvaje» como la que están realizando los empleados sin ton ni son, con una «comisión directiva desligitimada y politizada».
Para el presidente del STJ algunos reclamos no son legítimos como la devolución del recorte salarial del trece por ciento porque «el empleado judicial lo percibió, fue compensado y lo percibieron también los secretarios, no escuché reclamo de ellos», agregó en declaraciones a FM República.
Respecto al blanqueo salarial que es otro de los reclamos, el alto magistrado aseguró que según los informes el Poder Judicial no está en condiciones de pasar a un blanqueo total, sino que «debería ir dándose en forma gradual, porque si el Estado no dispone los recursos caerá en el endeudamiento público. El poder judicial no puede juzgar el mérito o la conveniencia que pueda tener el Ejecutivo» para realizar los gastos.
Según los cálculos realizados, el blanqueo que se reclama es una ley porcentual similar a lo que perciben los empleados de la Nación pero que significaría triplicar el presupuesto del Poder Judicial que rondaría los 80 millones de pesos anuales.
Lenguaza, en cambio, defendió la actuación gremial y dijo que «la situación es muy preocupante».
«El paro ahora tiene mucho más fuerza y es peor que el año pasado. Porque recordemos que en el 2005 se iba cumpliendo por lo menos mínimamente con las cuestiones más urgentes. En cambio prácticamente hoy el paro es total, a pesar de que en algunos casos, en algunos juzgados, hay un solo empleado y el juez», puntualizó.
Por esta cuestión Lenguaza señaló que los más perjudicados por todo lo que sucede «somos nosotros, los terceros en discordia, que no podemos resolver el problema, porque no tenemos las herramientas. Somos los afectado directos, o sea los colegas y sus clientes». Añadió que toda esta situación «afecta mucho más a la justicia a pesar de que está resentida hace muchísimo tiempo».
Lenguaza sostuvo además que si se agrava la situación de este conflicto «el año que viene va a haber un momento en que no va a haber servicio de justicia. Porque no es lo mismo una huelga de una empresa de transporte que esto que esta sucediendo hoy, que puede acarrear una cuestión institucional muy grave para la provincia y que puede derivar en algún tipo de intervención federal».
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