El juez laboral Julio Luna, en una resolución fechada el pasado 14 de noviembre, falló en favor del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLYC, SE), en un reclamo promovido por una vendedora de quinielas que pretendía ser reconocida como empleada con relación de dependencia con el ente regulador del juego en Misiones. Esta causa tuvo varias particularidades. Una de ellas fue que el diputado Jorge Galeano actuó como apoderado de la demandante en un litigio contra el Estado, lo que violaría las prohibiciones del artículo 86 de la Constitución Provincial.
La otra, que el abogado Antonio Rubén Garabitto, cuando era funcionario del IPLyC, se contradijo de lo que afirmó como patrocinante de una causa posterior contra la gestión del ingeniero Eduardo Torres. La causa judicial, caratulada «Expediente 84/03 – Almada, Rosa Delia contra Ernesto R. Ausburguer y contra otro, S/Laboral», fue sustanciada ante el Juzgado Laboral número Dos de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Luna.
La primera presentación tuvo lugar en noviembre de 2001, y la demandante, la vendedora de quinielas Rosa Almada, designó como apoderados a los abogados Jorge Galeano y Néstor Escalante. La demanda siguió tramitándose ante el tribunal laboral después de diciembre de 2001, cuando Galeano asumió como legislador de la Provincia, con lo que ingresó dentro de las incompatibilidades establecidas en el artículo 86 de la Constitución Provincial. Inclusive, el Juzgado actuante dirigió cédulas en agosto de 2004 a los litigantes, reconociendo a Galeano como uno de ellos, con lo que quedó ratificada la participación del diputado en el juicio, del cual nunca se apartó.
El otro aspecto llamativo de la causa es la participación que tuvo el abogado Antonio Rubén Garabitto, que actuó como Director de Asuntos Jurídicos del IPLyC en la gestión anterior. En ese entonces, al contestar la demanda, sostuvo que la pretensión de la vendedora era «un burdo intento de hacer creer al juez que existe una relación laboral irracional» entre ella y el IPLyC. Afirmó también que, de aceptarse el vínculo laboral entre el Instituto y la vendedora, el IPLyC «debería cerrar sus puertas, porque irregularmente se intenta a endilgar al IPLyC 4.800 empleados que no tiene ni debería tener». Lo curioso es que Garabitto, ya como abogado particular, patrocinó a cinco vendedores de quinielas que formularon idéntico reclamo laboral al IPLyC. En la demanda, el letrado se contradijo de todos y cada uno de sus argumentos como funcionario.
Con este fallo, la Justicia Laboral sentó un precedente que esclarece la situación de los vendedores de quinielas respecto al IPLyC. En tanto, las autoridades del Instituto indicaron que remitirán los antecedentes de la causa a la Cámara de Representantes, para que se establezca si Galeano violó las incompatibilidades del artículo 86 de la Constitución Provincial.
