Apunta a Víctor Bonifato, quien ofició de «representante» del grupo liderado por Álvaro Caamaño para extraer más de un millón de dólares de la entidad bancaria. Sigue la investigación judicial.
Un millón de dólares. Es el monto de la denuncia por estafa de Touché, la empresa que lidera Álvaro Caamaño.
El banco Macro amplió sus denuncias contra el grupo Touché Moreno Ocampo y otros por la presunta estafa por más de un millón de dólares. Ahora, su apoderado legal inició una demanda penal contra Víctor Bonifato, un supuesto apoderado de la empresa que comanda Álvaro Caamaño, quien fue el encargado de presentar el recurso de amparo que fue concedido por el juez de Apóstoles, José Antonio Reyes, para permitir la extracción de las cuentas de la entidad financiera de más de tres millones de pesos en reclamo de una deuda por comisiones «mal liquidadas» de la Dirección General de Rentas. La denuncia se suma al pedido de destitución del juez Reyes, que deberá ser analizado por el Jurado de Enjuiciamiento.
La denuncia penal sostiene que «mediante una presentación judicial ante el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Apóstoles, a cargo de Reyes, el grupo Touché despojó dolosamente al banco Macro la suma de pesos 3.026.466, 50».
La demanda fue presentada el lunes a la Fiscalía Penal 1 y apunta a Víctor Alfredo Bonifato, quien ofició de «representante legal de los gestores o cobradores de mora ante la Dirección General de Rentas de la provincia de Misiones, empresa Touché, Moreno Ocampo y Otros UTE», y extrajo el dinero «sin estar debidamente habilitado para hacerlo». Después, el dinero se giró a una cuenta del Banco Privado de Inversiones, del que se «esfumó».
La denuncia insiste en que Touché presentó al juez documentos falsos para justificar su accionar. Es que el banco Macro era mandatario de Rentas y mal podría hacerse cargo de cualquier reclamo a la Provincia o al organismo recaudador. Si la Justicia comprueba la comisión de la estafa, Bonifato podría pasar hasta seis años en la cárcel, aunque también podrían ser encontrados responsables las autoridades de la empresa.
La entidad bancaria solo efectuaba las retenciones de los fondos recaudados por el cobro de los impuestos vencidos y recién cuando Rentas autorizaba, podía liquidar las comisiones que correspondían a Touché.
El grupo empresario reclamaba «diferencias» desde 2002 a 2006, pero una auditoría de Rentas reveló que en realidad, la empresa de Caamaño cobró casi 40 mil pesos de más en comisiones de lo que le correspondía.
Además, el organismo recaudador advirtió que no iba a realizar más pagos si Touché no se ponía al día con sus propios pagos de impuestos, situación que nunca se concretó.
El Superior Tribunal de Justicia declararía nulas las resoluciones del juez Reyes, quien había beneficiado al grupo Touché & Moreno Ocampo y otros, con un amparo mediante el cual la empresa extrajo de una cuenta del banco Macro más de un millón de dólares por una deuda que la Dirección General de Rentas no reconoce como válida por supuestas liquidaciones mal efectuadas.
Los ministros admitieron las denuncias del banco Macro por la presunta estafa y también el pedido de enjuiciamiento al juez, que hizo el gerente de la entidad financiera en Misiones. Además hubo una presentación de Rentas en defensa de los intereses del fisco y el planteo de un conflicto de poderes, presentado por el fiscal de Estado, Fidel Duarte, quien también apunta a una investigación penal de la situación que involucra a los directivos de Touché y al propio juez de Apóstoles, que enfrenta dos pedidos de remoción.
Entretelones
El escándalo se inició cuando se conoció que Touché & Moreno Ocampo y Otros extrajo más de tres millones de pesos de una cuenta del banco Macro gracias a un amparo otorgado por el juez de Apóstoles, José Antonio Reyes.
El grupo empresario, al que se le rescindió el contrato, argumentaba supuestas deudas por comisiones de Rentas. Sin embargo, el organismo recaudador desconoce tales deudas y en cambio, asegura que Touché cobró casi 40 mil pesos de más. Según las denuncias presentadas y el dictamen del fiscal de Estado, Reyes no tenía competencia para habilitar el amparo, pero también cometió otras irregularidades, como no haber resguardado el dinero en una cuenta judicial ni haber informado del reclamo al banco o a Rentas. El dinero fue retirado y girado al Banco Privado de Inversiones, de donde nuevamente habría sido extraído para desaparecer.
