Lo hizo la diputada Sandra Giménez, en base a denuncias realizadas por la ex legisladora radical Alicia Muyal. Se estima que se desviaron más de dos millones de dólares en certificaciones de obras no realizadas
Investigación. Giménez quiere que se investigue a fondo la privatización de Apos.
La diputada Sandra Giménez presentará la semana que viene un pedido de informes al Superior Tribunal de Justicia y a la Fiscalía de Estado sobre el estado de las denuncias de malversación de fondos en la privatización de la Adminstración Provincial de Obras Sanitarias (APOS), realizadas en 1996 por la ex diputada Alicia Muyal, quien había denunciado ante la Justicia penal, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas que los funcionarios a cargo de la privatización del organismo estaban certificando obras que no se construían por más de dos millones de pesos.
La denuncia de Muyal fue realizada en la Fiscalía de Instrucción Fuero Universal de Puerto Rico. La ex legisladora no responsabiliza directamente a nadie, pero presentó pruebas sobre la inejecución de obras que se daban por hechas en la localidad de Jardín América.
El principal funcionario por ese entonces responsable del proceso de privatización del ente era el actual senador Luis Viana. Como en otros escandalosos casos llevados a la Justicia, hasta ahora no hay respuestas. También los organismos de control se llamaron a silencio.
El pedido de informes fue firmado por la diputada Sandra Giménez, integrante de la comisión investigadora de las privatizaciones de los activos del Estado e iba a ser presentado ayer en el recinto, pero no contó con el respaldo de los demás diputados.
Giménez pide informes sobre la fecha de las denuncias, los hecho imputados y la calificación legal del delito establecido, la situación procesal del ahora senador Luis Viana y otros imputados, las medidas judiciales adoptadas y el estado actual de la causa.
Tal vez estas preguntas tengan respuestas poco claras. Muyal le dijo a este diario que las denuncias no avanzaron demasiado. Del fuero universal de Puerto Rico, la causa fue trasladada al juzgado entonces conducido por la ahora jubilada Demetria González de Cantero, quien tenía como secretaria a Margarita Wenner, quien acaba de renunciar.
Después, pasó al fuero federal, pese a que la ex legisladora no cuestionaba los créditos tomados para la realización de las obras, sino que no se hayan hecho los trabajos.
Tampoco el Tribunal de Cuentas ni la Fiscalía de Estado respondieron al pedido de la ex diputada radical. «Me cajonearon todo», sostuvo, aunque todavía guarda las documentaciones presentadas en su momento.
Muyal recuerda que la denuncia involucraba irregularidades por más de dos millones de pesos-dólares. Giménez coincide con ese dato y sostiene que «después de los hechos denunciados, muchos funcionarios incluido Viana, aparecieron con lujosas propiedades».
Las otras investigaciones
El pedido de informes que presentará Giménez la semana que viene se sumará a las investigaciones ya iniciadas sobre la privatización de Papel Misionero y la liquidación del Instituto Provincial del Seguro que más allá de las irregularidades que ahora se investigan, endeudaron al Estado, que absorbió las deudas de las empresas con lo que se incrementó sensiblemente la deuda pública provincial.
Por la privatización de Papel Misionero y la liquidación del IPSeguro, ya hay presentaciones realizadas en la Fiscalía de Estado, que podrían cobrar fuerza en los próximos días.
Deudas pendientes
La Cámara de Representantes aprobó ayer el proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo Provincial con el que se le faculta al Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS) a emitir certificados de deuda por tasas, contribuciones, recargos y todo otro concepto vinculado con los servicios que preste o haya prestado la Administración Provincial de Obras Sanitarias (APOS), tendrán fuerza ejecutiva y su cobró judicial se efectuará mediante el procedimiento fiscal legislado en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de Misiones.
La iniciativa explica que los certificados de deudas que expida el IMAS, suscripta por los funcionarios determinados por su reglamentación interna, deberán contener: la individualización del inmueble al que se refiere la deuda o al responsable de ella; el importe del certificado; y los conceptos que se reclaman que se encontraren vencidos o impagos.
Los bloques de la UCR, PJ y MAP votaron en contra del proyecto presentado por el Ejecutivo.
