La Cámara de Diputados retomará en breve la actividad de la comisión investigadora de la deuda pública, que se había suspendido el año pasado antes del receso. Ayer el presidente de la Cámara, Esteban Lozina, pidió su reactivación. La comisión funcionará durante todo el período ordinario de sesiones y podrá volver a prorrogar su trabajo si no alcanza el tiempo. El objetivo es conocer la deuda pública externa e interna, determinar la aplicación y destino de las operaciones de deuda, establecer los funcionarios que hubieran o debieron intervenir en cada una de las operaciones de toda de deuda desde 1983 hasta el presente. La comisión ahora estaría integrada por cinco diputados renovadores, tres justicialistas y un radical. La actividad de la comisión culminó el año pasado con un predictamen elaborado por la diputada renovadora Sandra Giménez, que sostiene que hubo un descontrol sobre la toma de créditos durante el gobierno de Ramón Puerta y pide que se hagan juicios de responsabilidad a los principales funcionarios encargados de los organismos de control, como Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Contaduría General de la provincia, el propio ex gobernador y el ex ministro de Economía, Humberto Schiavonni. La legisladora pretendía investigar también el proceso de privatizaciones, sobre todo del ex banco Provincia, de la empresa Papel Misionero y del ex Instituto Provincial del Seguro.
El fallo del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Primo Bertolini en la destitución del ex fiscal de Estado, Lloyd Jorge Wickström, ratifica la línea de investigación de los legisladores sobre la ilegalidad de la deuda.
El ministro consideró irregular la emisión de los bonos de deuda Seniors y Juniors -emitidos por cien millones de dólares- porque apenas contó con dictamen del fiscal de Estado cuando se requieren para la emisión de fondos públicos, la autorización legislativa con quórum especial, es decir los dos tercios de los votos.
El gobernador envió a la Cámara pliegos para cubrir cuatro vacantes de la Corte
