El juez José Luis Rey confirmó anoche que recibió las apelaciones de cuatro de los imputados como partícipes de la megaestafa, por lo que la elevación a juicio de la causa volverá a postergarse. Ahora el magistrado debe decidir si acepta o rechaza las apelaciones, y elevar al Tribunal de turno para que resuelva. Eso puede demorar la definición de la causa como mínimo dos o tres meses, aunque se espera que, dada la trascendencia social y política de la megaestafa, podrían acelerarse los tiempos.
Los que apelaron la decisión de Rey fueron la ex secretaria del Civil 1, Miriam Saidman, los abogados Guillermo Abdón Fernández y Alejandro Jabornicky y Cayetano «Nani» Castelli.
Por la megaestafa fue destituida la ex jueza Graciela Salvado de Sotelo y penada con prisión por el delito de asociación ilícita, junto a cuatro personas vinculadas al Poder Judicial. También fueron procesados bajo la misma carátula, «Nani» Castelli; la ex jefa de despacho Nora Castelli; y los abogados Paula Espinosa, y Guillermo Abdón Fernández. Además de los abogados Alejandro Jabornicky, José Tuvi, el contador Eduardo Solís, el empresario Roberto Motta, y la ex secretaria del Civil 1, Miriam Saidman.
La causa cuenta con 600 expedientes y más de 15 mil documentos probatorios. Las órdenes de pago son originales y llevan la firma de cada uno de los imputados, que retiraban dinero cinco veces por día de cuentas bancarias con documentos judiciales, sumas de entre 50 mil y 100 mil pesos por cada extracción, según consta en los expedientes.
Las cifras que se manejan rondan los 6 millones de pesos actuales, aunque el juez de la causa no se atreve a precisar un monto ya que al momento del fraude, en 2001 todavía regía el uno a uno como tipo de cambio, es decir, un dólar valía un peso. Mientras que al año siguiente la moneda argentina se devaluó, lo que en la actualidad marca una profunda
diferencia.
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