El fiscal Atilio León requirió toda la documentación del proceso de destitución al ex fiscal de Estado, Lloyd Jorge Wickström. El ex fiscal admitió que retiró documentación de la fiscalía cuando estaba suspendido
Investigado. Ahora un fiscal quiere saber si el ex fiscal también cometió un delito penal al avalar el endeudamiento.
Dos meses después del fallo que destituyó al fiscal de Estado Lloyd Jorge Wickström y que consideró que la emisión de los bonos Seniors y Juniors fue ilegal al no contar con el aval de los dos tercios de la Cámara de Diputados, la Justicia abrirá una investigación de oficio para determinar si existe una responsabilidad penal de los responsables del endeudamiento.
La actuación de oficio fue decidida por el fiscal Atilio León, quien le pidió al juez de Instrucción José Luis Rey que solicite al Jurado de Enjuiciamiento la documentación del proceso que terminó con la carrera judicial de Wickström en marzo pasado.
Paralelamente, León investiga una denuncia realizada por Omar Pérez, subrogante de Wickström, quien se presentó ante la Fiscalía acusando al ex fiscal de haber retirado documentación oficial de su despacho. Wickström admitió que se llevó la documentación, pero «con conocimiento de la Fiscalía», para ser utilizada en su defensa en el jury. Sin embargo, el ex fiscal no podría haber retirado los expedientes, ya que estaba suspendido en sus funciones. León deberá determinar si se trató de un delito, al tratarse de documentación pública.
El fallo del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Primo Bertolini es el que abre paso a la investigación judicial sobre la legalidad de la deuda.
El ministro del Superior Tribunal de Justicia consideró irregular la emisión de los bonos de deuda Seniors y Juniors -emitidos por cien millones de dólares- porque apenas contó con un «amañado» dictamen del fiscal de Estado para justificar la legalidad, cuando se requieren para la emisión de fondos públicos, la autorización legislativa con quórum especial, es decir los dos tercios, independientemente del empréstito o deuda al que sea destinado, sea aquel o ésta preexistente o futura.
En cambio, Wickström había considerado que un simple decreto servía para emitir los bonos en el mercado financiero, ya que «entre otras cosas», el destino era «arreglar deudas preexistentes».
En el mismo sentido, la Legislatura tiene abierta una investigación que busca determinar responsabilidades del ex gobernador Ramón Puerta y el ex ministro de Economía, Humberto Schiavoni, quienes se habían defendido utilizando como argumento los dictámenes de Wickström, considerados ilegítimos por el jurado que lo destituyó por seis votos contra uno.
Si la investigación prospera, los diputados podrían a su vez realizar nuevas denuncias penales a los funcionarios que tuvieron participación en la toma de la deuda.
Wickström dice que la ley del presupuesto 98-99 autorizaba al por entonces gobernador Ramón Puerta a reestructurar la deuda y que por lo tanto, como fiscal de Estado sólo avaló la emisión de bonos por cien millones de dólares. Sin embargo, además de necesitarse la aprobación de los dos tercios de los diputados, con la nueva deuda también se estaba violando el límite constitucional del 25 por ciento.
Un informe del Tribunal de Cuentas reveló que desde 1994 se estaba superando ese límite, pero ni Wickström, el encargado de velar por los intereses del Estado, ni otros funcionarios repararon en la norma que prohibía superar ese techo. Así, la provincia pasó a deber más de mil millones de dólares a fin de 1999, una deuda que recién se terminará de pagar en 2030.
