Una jueza denunció a sus propios empleados por el robo de pagarés que eran canjeados con sus propietarios a cambio de dinero. Se está haciendo una investigación penal y un sumario administrativo.
Investigación. El juzgado de Paz 2 es uno de los que está en el Palacio de Justicia
[su_note note_color=»#cdcdcd»]La jueza no quiso hablar con este diario, pero confirmó la denuncia ante la Justicia penal[/su_note]Tres años después de que la Justicia se conmocionara con lo que se denominó la megaestafa, que terminó con una jueza presa, ese poder vuelve a estar en el centro de la tormenta: una magistrada denunció a sus propios empleados por robo de documentos públicos y la causa está siendo investigada por la Justicia penal.
Se trata de Ramona Virginia Ramírez, jueza de Paz, Civil y Comercial 2 de Posadas, quien tiene su despacho en el flamante Palacio de Justicia. El hecho se conoció en marzo, pero habría sido denunciado inicialmente por una persona que tenía causas en el juzgado: un empleado se presentó ante ella ofreciéndole comprar un pagaré que pertenecía a una causa, a un precio mucho menor al que debía pagar en la Justicia. Casualmente, la persona -sería una mujer- ya había resuelto su situación, por lo que no aceptó la oferta y realizó la denuncia que luego fue ampliada por la propia magistrada. Según fuentes judiciales, los pagarés se depositan en las causas judiciales y deberían estar en una caja fuerte. Como no todos los juzgados la poseen, quedan en un archivo, al que al menos un empleado tenía acceso y se los robaba.
Aún no se sabe la cantidad precisa de pagarés robados ni por qué monto, pero un empleado fue imputado en la causa que se investiga en la Justicia penal bajo la caratula de estafa y defraudación, un delito excarcelable. El juez que lleva adelante la investigación ordenó un allanamiento a su domicilio, pero no halló nada que lo vincule directamente con la causa, así como tampoco fue reconocido en una rueda de sospechosos por parte de la denunciante.
Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que serían más los empleados involucrados.
De hecho, trascendió que hubo al menos cuatro traslados -el principal sospechoso fue derivado a un juzgado penal- y una suspensión.
El propio juzgado fue allanado por el juez para investigar su funcionamiento y tomar declaración a los empleados. Ramírez no quiso hablar con este diario, aunque confirmó la denuncia realizada en contra de sus propios empleados.
Paralelamente a la investigación penal, una camarista fue comisionada por el Superior Tribunal de Justicia para que realice un sumario administrativo.
Casualmente, el juzgado de Paz, Civil y Comercial 2 estuvo a cargo por un tiempo de la ahora abogada Roxana Palombo, ex jueza del Civil y Comercial 3, quien denunció un caso similar que involucraba a empleados de su juzgado en falsificación de documentos públicos para realizar operaciones inmobiliarias.
La causa coincidió con la megaestafa, que terminó con la carrera judicial de la ex jueza Graciela Salvado de Sotelo, hoy presa y a la espera del juicio que determine su condena.
Tampoco se sabe el monto total de la estafa, que se hacía con cobros de depósitos judiciales truchos. Por el hecho también están detenidos, los hermanos Nora Castelli -ex jefa de despacho del juzgado de Sotelo- y Cayetano «Nani» Castelli, quien fue el primer preso de la flamante comisaría primera reinaugurada el lunes en el barrio de Villa Sarita.
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