Se fijaría un mandato temporal a la Fiscalía de Estado y la emisión o refinanciación de deudas deberá contar con los dos tercios de los diputados. También la insistencia de leyes necesitará de los dos tercios
Cambios. Los diputados tienen en sus manos la modernización de la Constitución.
Los diputados renovadores que no firmaron el proyecto para la reforma constitucional, hecho público por el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Lozina, se encuentran trabajando en un texto mucho más amplio que el que se conoce. Coinciden en varios puntos: la necesidad de avanzar en la reforma y la introducción de una cláusula que avale la re-reelección.
Sin embargo, tocan puntos que no fueron tenidos en cuenta por Lozina en su presentación anticipada y apuntan a «corregir» varios artículos vigentes y endurecer otros referidos al control de las finanzas. El proyecto sería presentado en sociedad el próximo mes de junio.
A diferencia del inicial, pretenden introducir cambios en los organismos de control. Por ejemplo, limitarían el mandato del fiscal de Estado a un período de Gobierno para que el funcionario se vaya con el gobernador que lo nombre y evitar así repetir una historia como la que terminó con la destitución de Lloyd Jorge Wickström y un descontrol en las causas que involucran los intereses del Estado.
En la letra constitucional también se definirá que las causas judiciales iniciadas en la provincia y en los que el Estado tenga interés, sean definidos en la Provincia y que, en todo caso, después de un fallo de la Corte local, sean los rivales los que vayan a la Corte Suprema. Pero los ministros del Superior Tribunal de Justicia no podrán evitar una sentencia.
Otro mecanismo de control que se quiere endurecer es el del endeudamiento. Hoy hay un debate sobre el límite anual de endeudamiento que puede tomar la provincia. La Constitución habla del 25 por ciento de los recursos anuales, pero en la década pasada no se tomaron en cuenta los intereses, por lo que el límite se violó desde 1994 en adelante. También se especificará que cualquiera sea el crédito que quiera tomar la provincia, necesariamente deberá contar con la aprobación de los dos tercios de los diputados -no los presentes-, aún si se trata de una refinanciación, mecanismo avalado por el ex fiscal de Estado, quien así permitió que se emitan los bonos Seniors y Juniors por 100 millones de dólares y que también sirvió para las sucesivas emisiones de bonos CEMIS, hoy todos en default. Los mismos dos tercios serán necesarios para la instancia legislativa de una ley vetada por el Ejecutivo. Hasta ahora basta una simple mayoría, que en muchos de los casos ni siquiera se preocupa por argumentar la insistencia.
El MUR, que lidera esta línea de la reforma, considera que en Misiones se vulneraron y debilitaron los organismos de control. Si estos hubiesen funcionado, sostienen, la provincia no podría haberse endeudado de la forma en que lo hizo. «Si los organismos de control funcionan, ¿cuál es el problema con el hombre?», se preguntan para después introducir la re-reelección.
«La mayoría de la sociedad está de acuerdo con el rumbo que ha tomado la provincia. Por qué no darle una nueva oportunidad al gobernador de que siga. En todo caso, los opositores que tanto temen, deberían confiar en la voluntad del electorado», asegura uno de los diputados que trabaja en la redacción del nuevo proyecto de reforma.
Proyectos pendientes
En la Cámara de Diputados desde el año pasado está pendiente de tratamiento un proyecto de enmienda presentado por el diputado Julio Duarte, que proponía incorporar a las causas penales a la víctima como actora de la causa penal.
Lo mismo pretende el proyecto presentado por Lozina.
También el año pasado Duarte, quien por entonces presidía el bloque renovador en minoría parlamentaria, impulsó el proyecto de enmienda para que la insistencia de las leyes vetadas por el Ejecutivo se apruebe con los dos tercios de los diputados y no con la mayoría simple.
Obviamente, los proyectos no prosperaron por la mayoría opositora. Hoy, en cambio, se necesitan solo tres votos de la oposición para aprobar una amplia reforma.
Los tiempos
En el oficialismo aseguran que todavía están con los tiempos necesarios para avanzar con la reforma constitucional y que no hay un límite específico.
Otra de las teorías que se manejan es que en caso de que no avance una reforma plena por el rechazo de la oposición, aprobar una enmienda constitucional, que se pondría a consideración de la ciudadanía en la primera elección general que haya.
La primera sería la elección presidencial de 2007, que tradicionalmente se realiza en mayo y serviría también para poner a consideración de la sociedad la posibilidad de habilitar una re-reelección del gobernador Carlos Rovira. El escenario sería favorable, ya que el propio Presidente Néstor Kirchner estaría buscando su reelección.
