La comisión de Asuntos Constitucionales, De los Derechos Humanos, Municipales, Juicio Político e Integración ha elaborado un predictamen del proyecto de ley presentado por el diputado Pablo Hulet, del bloque Renovador, proponiendo instituir la Ley de Transparencia Fiscal. Como resultado del trabajo en comisión tanto de diputados como asesores, se ha decidido que el proyecto no se constituya en una nueva Ley, sino que los contenidos del proyecto se incorporen a la Ley Nº 2666 de «Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos» sancionada el 24 de agosto de 1989.
Las incorporaciones efectuadas establecen que los funcionarios públicos comprendidos en la ley, están obligados a presentar certificado de libre deuda de obligaciones tributarias municipales, provinciales o nacionales, extendido por autoridad competente. Deberán cumplirse estas obligaciones a los quince días de iniciada sus funciones; anualmente durante el mes de diciembre y a los treinta días del cese del cargo. En caso de incumplimiento serán aplicadas las sanciones previstas en la misma ley.
Los funcionarios públicos que estarán obligados a cumplir lo anterior, son:
1. los que desempeñan cargos electivos
2. Magistrados del Poder Judicial y funcionarios hasta Sub-directores
3. Ministros y Sub-secretarios, Secretario General, Secretario de Información Pública, Fiscal de Estado, Tesorero, Contador General, Asesores Generales, Directores y Sub Directores de reparticiones públicas en general
4. Personal de la Policía de la Provincia y del Servicio penitenciario hasta la jerarquía de subomisario
5. Miembro de directorio y directores generales o equivalentes de organismos autárquicos, descentralizados, organismos de la Constitución, Empresas del Estado o Sociedades mixtas con mayoría estatal.
