La Federación Argentina de Colegios de Abogados manifestó su negativa rotunda a la reválida automática de títulos extranjeros, con preferencia los paraguayos. La Junta de Gobierno de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA) declaró la improcedencia de la reválida automática de títulos extranjeros, con preferencia de los expedidos por universidades de la Républica del Paraguay.
«La normativa vigente del Tratado de Montevideo en torno a la validez de los títulos universitarios expedidos en universisdades del exterior, deben evaluarse en su plan curricular para determinar las equivalencias pertinentes en cada Nación vinculada a la región y al tratado», reza el primer parráfo de la resolución.
El organismo dió a conocer la resolución, luego de analizar un proyecto de ley que solicitaba que el trámite de reválida de los profesionales diplomados en Paraguay se efectivice de forma automática en nuestro país considerando que, el texto presentado viola las normas vigentes en la materia y avanza sobre competencias provinciales indelegables a la Nación, según el artículo 121 y artículo 75 inciso 24 de la Constitución Nacional.
El presidente de la FACA, Carlos Andreucci explicó que «el estudio curricular impone una intervención universitaria nacional como también, el reconocimiento suficiente de los contenidos curriculares y el cumplimiento de todos los requisitos de validez para el reconocimiento del diplomado en cada jurisdicción partícipe del tratado».
«Los Colegios de Abogados del país conservan con carácter federal la organización y funcionamiento del otorgamiento de la matrícula y su disciplina, y el control de autorización para el ejercicio de la profesión», precisa otro párrafo del documento elaborado en un reunión plenaria, que se realizó el mes pasado en Ushuaia.
«Estos lineamientos generales son el fundamento más sólido para definir la incompetencia, y por ende la inconstitucionalidad manifiesta, que pretende superar una ley del Congreso de la Nación, por sobre las normativas locales e internacionales incorporadas al derecho interno de nuestro país con rango constitucional. Lo que anticipa la impertinencia sobre los alcances pretendidos en el proyecto», agrega.
El último tramo del texto explicita que el rechazo del proyecto de ley será elevado al Poder Ejecutivo Nacional, al Jede de Gabinete, al Ministerio de Cultura y Educación, al Congreso de la Nación, y en especial a las Comisiones de Educación de ambas Cámaras.
La lista de comprende también a los Colegios Federados, a las comisiones de la materia que dentro de la Federación Argentina de Colegios de Abogados están tratando el tema de la educación legal y que tiene directa incidencia dentro del Mercosur.
La actual legislación exige que las personas diplomadas en otros países revaliden sus títulos en una universidad nacional y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ante el Ministerio de Educación y también en la cartera Interior, para poder matricularse luego, una vez cumplimentados los requisitos legales.
Son alrededor de 600 los posadeños entre abogados, arquitectos, psicólogos, y demás profesiones que no pueden ejercer en el país. La mayoría son diplomados en la República del Paraguay, y están impedidos de ejercer su profesión sin antes realizar el trámite de reválida de títulos expedidos por universidades extranjeras.
En este sentido, la diputada Miriam Bosch de Sartori explicó que presentó un proyectoen la Cámara de Legisladores que propone una profunda modificación de la ley 24.337 -que hace referencia a la reválida de títulos extranjeros-.
El texto propone en líneas generales que los títulosotorgados por las universidades de zonas extranjeras de frontera sean de validez binacional.
«Un caso muy claro es el de Entre Ríos y Uruguay que firmaron convenios especiales devalidez binacional por los cuales, las carreras se dictan en ambos países. El cursado se realiza en partes iguales en ambos estados, y en base a programas comunes», explicó Bosch de Sartori.
Asimismo la diputada adelantó que el presidente de la Nación, Néstor Kirchner le solicitó que arbitre los medios necesarios para «dar una solución inmediata a la situación de tantos jóvenes profesionales que están impedidos de trabajar en el país».
