La presión surgió del MID pero se adhirió el justicialismo, El radicalismo todavía no tomó posición. Dicen que en dos meses se puede dar una salida ordenada o parcial de la emergencia financiera
[su_note note_color=»#cdcdcd»]Los diputados de la oposición volvieron a quejarse por la poca información oficial[/su_note]En plena campaña electoral, la oposición amenaza con poner en riesgo alas finanzas provinciales al exponer a la ejecución de deudas por más de 200 millones de pesos al fijar un limite de 60 días a la existencia de la ley de la Emergencia Económica, cuya prórroga hasta fin de año había sido pedida por el Poder Ejecutivo y que debe ser tratada en la sesión de mañana para que no pierda vigencia.
La intención de limitar la prórroga a apenas dos meses fue expuesta por la diputada desarrollista, Fabiana Perié, quien se quejó por la poca información brindada por el Ejecutivo y consideró que es necesaria «una salida ordenada de la emergencia» a la que supuestamente el Gobierno se resiste.
El criterio planteado por la diputada del MID fue rápidamente compartido por los diputados del justicialismo que integran la comisión de Presupuesto y hasta el radicalismo, que en principio había acordado extender la prórroga por otros seis meses, admitió un cuarto intermedio hasta mañana, cuando finalmente resolverán qué plazo le darán a la ley que está vigente hace más de diez años.
Si bien fueron los justicialistas los que solicitaron un cuarto intermedio en el tratamiento del tema en comisión hasta mañana, la moción contó con el apoyo del radicalismo.
Enojo oficialista
Uno de los diputados oficialistas mas enojados con esta situación, fue el presidente del bloque, Julio Duarte, quién recordó que «la amenaza que pesa sobre todos los misioneros todavía está latente».
Incluso fue mucho mas allá de la mera «falta de palabra», al responsabilizar a los radicales «por los prejuicios que pueda sufrir la Provincia, por la salida intempestiva de la emergencia económica y van a quedar en manos de ellos, no solo por las implicancias políticas sino también económicas que surjan».
Por último, calificó como «poco razonable», la decisión de la mayoría opositora que ya el año pasado había negado la posibilidad de extender hasta fin de año ambas emergencias. «No se puede cada seis estar discutiendo este tema tan importante, sobre todo cuando tenemos la amenaza de generar una pérdida de mas de 250 millones de pesos, que provocaría una verdadera catástrofe al erario público provincial», sentenció.
Con la presencia de los gremios
La presencia de gremialistas de la Asociación de Trabajadores del Estado en la reunión de comisión de presupuesto, radicalizó las posturas opositoras que buscaron agradar a los oídos sindicalistas.
Juan Pasaman, quien afirmó que «la emergencia es una decisión política, en la que hay beneficiados y perjudicados, en este último caso, los trabajadores, a los que se les retiene del sueldo el aporte sindical pero que el Gobierno no liquida al gremio». «Además ellos dicen que si cae esta Ley se desmorona la economía, pero resulta que en nuestra provincia hay muchas leyes que se violan sistemáticamente y sin embargo el Estado sigue en pie, como la del blanqueo de los sueldos de los trabajadores del Poder Judicial».
«No muestran los números oficiales, pero el 60 por ciento de los trabajadores cobra sueldos inferiores a la línea de pobreza», acusó.